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Ministerio de Justicia

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La jurisprudencia del TEDH

Artículo 35: Condiciones de admisibilidad
  • Asunto: Decisión G.J. contra España (59172/12)
  • Fecha: 21/06/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión G.J. c. España (PDF. 336 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La demandante inició sendos procedimientos de asilo ante los tribunales españoles. El primero fue desestimado en base a la falta de documentación que probara su identidad y nacionalidad, así como la manifestación de hechos inconsistentes y contradictorios. El segundo fue declarado inadmisible por los mismos motivos, ante el que la demandante interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue rechazado, entre otros motivos, por la falta de existencia de un riesgo para su vida si era devuelta a Nigeria, hecho que se produjo en marzo de 2007.

    La ONG Women Links Worlwide (WLW) inició un procedimiento judicial ante los tribunales españoles respecto a dicha expulsión, que fue rechazado por falta de representación por parte de dicha Organización.

    Tras la interposición de una demanda por parte de WLW ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este concluye que dicha Organización no tiene capacidad para interponer la demanda por ser incompatible ratione personae en cumplimiento de los artículos 35 §§ 3 y 4 del Convenio.

  • Asunto: Blesa Rodríguez c. España (61131/12)
  • Fecha: 01/12/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Sentencia Blesa Rodríguez c. España (PDF. 320 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El TEDH declara que ha habido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio respecto al requisito de un tribunal imparcial.

    El asunto se refiere a una querella por falsedad documental interpuesta por la Universidad de la Laguna contra el demandante, profesor en la facultad de Farmacia de dicha Universidad, recurrida por el demandante quien afirmó que dos de los magistrados que le condenaron (A. y Sa.) no fueron imparciales.

    El Gobierno alegó que el demandante no había agotado las vías de recurso internas respecto a sus demandas sobre la imparcialidad en relación con ambos magistrados. Respecto al magistrado A., el demandante admitió no haberle recusado, siendo rechazada su demanda tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional por no haber utilizado primero los recursos disponibles. El TEDH constata que el demandante no ha agotado las vías internas de recurso, rechazándose esta parte de la demanda con arreglo al artículo 35.1 y 35.4 del Convenio.

    Respecto al magistrado Sa., el Gobierno alegó que el demandante no había solicitado su recusación. Este informó que la composición de la Sala de la Audiencia Provincial se había modificado sin haberle informado de la identidad de los tres magistrados que la componían. El TEDH considera que el demandante formuló la queja de falta de imparcialidad tan pronto como le fue permitido, concretamente interponiendo su recurso sobre cuestiones de derecho ante el Tribunal Supremo, que abordó el asunto examinando en su totalidad el fondo de la demanda sobre la falta de imparcialidad. El TEDH indica que esta queja no está manifiestamente mal fundada a los efectos del artículo 35.3.a) del Convenio, debiendo admitirse a trámite.

    Respecto al fondo, el demandante se quejó de que se había conculcado su derecho a un tribunal independiente e imparcial a causa de las relaciones profesionales y económicas entre el magistrado Sa. y la Universidad. El Gobierno consideró que carecía de fundamento dicha declaración. El TEDH reitera que la imparcialidad debe evaluarse por medio de un análisis subjetivo y objetivo. El magistrado era profesor asociado y realizaba labores administrativas por las que percibía ingresos por parte de la universidad. Por dichos motivos, se debe considerar que el magistrado mantuvo relaciones profesionales regulares, estrechas y remuneradas con la universidad mientras llevaba a cabo sus labores como magistrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En opinión del TEDH, estas circunstancias sirven objetivamente para justificar el recelo del demandante de que el magistrado Sa. carecía de la imparcialidad necesaria.

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  • Asunto: Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (4184/15)
  • Fecha: 03/11/2015
  • Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (PDF. 252 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     El asunto concierne a varios demandantes que reclaman por una presunta vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, alegando la eventual vulneración del principio de imparcialidad del Tribunal enjuiciador (Audiencia Nacional) y en el Tribunal Constitucional , que desestimó el recurso de amparo formalizado posteriormente.

    El Tribunal Europeo de Derecho Humanos rechaza parcialmente , mediante esta decisión, por manifiestamente infundada, la demanda en lo que se refiere al Presidente del Tribunal Constitucional –recusado por haber sido militante de un partido político- y y un Magistrado del mismo – por haber sido previamente Fiscal de la Audiencia Nacional-.

    El TEDH considera sucintamente, sin embargo, que todavía no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la admisibilidad y fondo de la demanda en lo referente a la queja sobre la falta de imparcialidad de la Sala enjuiciadora de la Audiencia Nacional. Decide, en consecuencia, comunicar la demanda a España para que aporte datos adicionales que permitan decidir en su día

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  • Asunto: Marta Andreasen c. Reino Unido y otros 26 Estados Miembros UE (28827/11)
  • Fecha: 31/03/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • ANDREASEN c. Reino Unido y otros 26 EEMM de la UE (PDF. 444 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La Comisión Europea abrió un procedimiento disciplinario contra la demandante, quien cuestionó la imparcialidad de la Junta disciplinaria así como que el procedimiento seguido fue injusto, que las cuestiones de hecho ignoraban los hechos contradictorios presentados por ella, y que la sanción impuesta era absolutamente desproporcionada. El TEDH manifiesta que tanto el Tribunal de la Función Pública como el Tribunal General de la UE abordaron todos los motivos planteados por la demandante y proporcionaron razones suficientes para rechazarlos sucesivamente. El TEDH considera que dichos tribunales ejercieron la jurisdicción adecuada a los efectos del artículo 6.1 del Convenio.

    Por otro lado, la demandante se quejó de que incumplimiento de transponer el Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo a la legislación europea obstaculizaron su derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, la demandante acertó a impugnar su despido ante los tribunales europeos. Considera el TEDH que hubo suficientes revisiones y, más importante, no podría considerarse que hubo “deficiencia manifiesta” alguna en la protección de los derechos del Convenio para la demandante en el proceso disciplinario seguido ante los tribunales de la UE.  El TEDH declara esta queja inadmisible por estar manifiestamente mal fundada con arreglo al artículo 35.3.a) del Convenio.

    El TEDH finalmente declara la demanda inadmisible.

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  • Asunto: González Nájera c. España (61047/13)
  • Fecha: 11/02/2014
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • González Najera c. España (PDF. 325 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El demandante fue acusado por delitos de abuso sexual de menores cometidos aprovechándose de su condición de profesor de psicomotricidad de los mismos.

    En primera instancia la prueba consistió en el testimonio del acusado, de los padres de las víctimas, de dos tutores escolares de las mismas, la reproducción de los vídeos en los que las víctimas fueron entrevistadas por forenses psico-sociales, y la declaración de estos propios expertos forenses sobre su informe psico-social de los menores. Ninguna parte pidió que los menores testificaran en persona en el acto del juicio ni impugnó las pruebas practicadas. Resultó condenado a 12 años de prisión por la comisión de seis delitos de abuso sexual a menores y absuelto de otro más.

    El demandante recurrió la sentencia por considerar que se había quebrantado su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, pero fue confirmada.

    En el recurso de amparo argumentó que la petición de que las víctimas comparecieran en el acto de juicio debía haberla hecho al acusación porque a ella le incumbía la carga de probar y que, al no hacerlo, le había privado de su derecho a preguntar a las mismas, en detrimento de su derecho a un juicio justo contradictorio y de su presunción de inocencia. En su opinión, los vídeos no debían haber sido admitidos como pruebas pues se habían grabado sin intervención de su abogado. El Tribunal Constitucional rechazo el amparo.

    Ante el TEDH solicitó que se declarara la violación del derecho a un juicio justo (art 6§1 CEDH) por infracción de su derecho a la contradicción de los testigos ( art 6§3-d ) y por una inadecuada valoración de la prueba practicada.

    La demanda se considera manifiestamente mal fundada (Art 35§3-a CEDH) porque: El demandante no cumplió con sus cargas procesales (proponer o/y impugnar pruebas) y la prueba practicada fue suficiente para el enjuiciamiento y bien valorada por los Tribunales españoles.

     

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Agotamiento de las vías internas de recurso como condición previa para demandar ante el Tribunal

  • Asunto: S.M. c. España (29659/16)
  • Fecha: 26/09/2017
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Acceso a la sentencia S.M. c. España
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a la solicitud de asilo presentada por un nacional salvadoreño por estar presuntamente perseguido en su país por una banda criminal “mara”.

    El día 18 de mayo de 2016, el demandante llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez donde fue detenido por las Autoridades fronterizas. En el mismo momento de la entrada en territorio español presentó, asistido por un abogado, una solicitud de asilo. Mediante resolución de 23 de mayo de 2016, la Subdirección General de Asilo denegó la solicitud en base al artículo 21.2.a) de la Ley 12/2009 de 30 octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria al considerar que las persecuciones provenían de agentes que no eran autoridades de su país de origen. El demandante solicitó el reexamen de su solicitud de asilo. El día 27 de mayo de 2016, el recurso fue rechazado y la resolución recurrida confirmada. El demandante interpuso entonces recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y al mismo tiempo solicitó la suspensión cautelarísima de la orden de expulsión que fue rechazada el día 27 de mayo de 2016. Ese mismo día, solicitó ante el TEDH medida cautelar de suspensión de la devolución que fue decretada por el Tribunal ese mismo día. Mediante decisión del Ministerio del Interior de 5/12/2016, este acordó admitir a trámite la solicitud de asilo por el procedimiento ordinario, quedando sin efecto la denegación inicial del asilo y procediéndose a la expedición al demandante de una tarjeta de identidad que le permite residir legalmente en España durante el examen de su solicitud.

    QUEJAS: Invocando los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura) del Convenio, el demandante se queja de los riesgos en que incurriría en caso de retorno al Salvador y alega no haber gozado, como lo exige el artículo 13 del Convenio, de un recurso efectivo para exponer sus quejas respecto de dichas disposiciones. También se queja del carácter no suspensivo de los recursos interpuestos contra las resoluciones de solicitud de protección internacional.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH considera:

    Respecto del artículo 13 puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio:

    Que la solicitud de asilo del demandante está pendiente de examen por parte de las Autoridades administrativas y que la presentación de la solicitud de protección conlleva automáticamente la suspensión de la orden de expulsión hasta que se adopte una decisión sobre el fondo. Por lo demás, se le ha expedido una tarjeta de identidad que le permite residir legalmente en España durante la tramitación de su solicitud de asilo.

    En consecuencia, el TEDH resuelve el archivo de las actuaciones respecto del artículo 13 puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio.

    Respecto de los artículos 2 y 3 del Convenio:

    Que se encuentra todavía pendiente la procedencia de la solicitud de asilo del demandante, por lo que esta parte de la demanda es prematura con arreglo al artículo 35.1 del Convenio y debe ser rechazada de acuerdo con el artículo 35.4 del Convenio. Por lo tanto, en estas circunstancias, se pone fin a la aplicación del artículo 39 del Reglamento de Procedimiento.

    En consecuencia resuelve inadmitir, por prematuras, las quejas respecto de los artículo 2 y 3 del Convenio.

  • Artículos relacionados:
  • Asunto: E.S. c. España (13273/16)
  • Fecha: 26/09/2017
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Acceso a la sentencia E.S. c. España
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a la solicitud de protección internacional presentada por un nacional senegalés que presuntamente tuvo que huir de su país por estar amenazado en razón de su orientación sexual.

    El día 21 de febrero de 2016, el demandante llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez donde fue detenido por las Autoridades fronterizas. El día 26 de febrero de 2016 presentó, asistido por un abogado, una solicitud de protección internacional. El día 1 de marzo de 2016, la Subdirección General de Asilo denegó la solicitud en base al artículo 21.2.b) de la Ley 12/2009 de 30 octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria al considerar que la exposición del demandante estaba basada en alegaciones contradictorias e insuficientes al carecer su relato de credibilidad. El demandante solicitó el reexamen de su solicitud de protección. El día 4 de marzo de 2016, el recurso fue rechazado y la resolución recurrida confirmada. El demandante interpuso entonces recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y al mismo tiempo solicitó la suspensión cautelarísima de la orden de expulsión que fue rechazada el día 8 de marzo de 2016. El día 10 de marzo de 2016, solicitó ante el TEDH medida cautelar de suspensión de la devolución. La expulsión estaba prevista para el 12 de marzo de 2016, estando todavía pendiente de resolución ante la Audiencia Nacional las pretensiones del demandante sobre el fondo. El día 11 de marzo de 2016, el TEDH indicó al Gobierno español que no procediera a su devolución a Senegal mientras durara el procedimiento ante el TEDH. Mediante sentencia de 21 de abril de 2017, la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante contra las resoluciones que denegaban su solicitud de asilo, y ordenó la admisión de la misma a trámite con el fin de proceder al examen sobre el fondo, debiéndose seguir para ello el procedimiento administrativo ordinario. En la actualidad, la solicitud de protección internacional del demandante está en proceso de examen por parte de las Autoridades administrativas.

    QUEJAS: Invocando los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura) del Convenio, el demandante se queja de los riesgos en que incurriría en caso de retorno a Senegal y alega no haber gozado, como lo exige el artículo 13 del Convenio, de un recurso efectivo para exponer sus quejas respecto de dichas disposiciones. También se queja del carácter no suspensivo de los recursos interpuestos contra las resoluciones de solicitud de protección internacional.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH considera:

    Respecto del artículo 13 puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio:

    Que la solicitud de asilo del demandante está pendiente de examen por parte de las Autoridades administrativas y que la presentación de la solicitud de protección conlleva automáticamente la suspensión de la orden de expulsión hasta que se adopte una decisión sobre el fondo.

    En consecuencia, el TEDH resuelve el archivo de las actuaciones respecto del artículo 13 puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio.

    Respecto de los artículos 2 y 3 del Convenio:

    Que se encuentra todavía pendiente la procedencia de la solicitud de protección internacional del demandante, por lo que esta parte de la demanda es prematura con arreglo al artículo 35.1 del Convenio y debe ser rechazada de acuerdo con el artículo 35.4 del Convenio. Por lo tanto, en estas circunstancias, se pone fin a la aplicación del artículo 39 del Reglamento de Procedimiento.

    En consecuencia resuelve inadmitir, por prematuras, las quejas respecto de los artículo 2 y 3 del Convenio.

  • Artículos relacionados:
  • Asunto: M.B. c. España (15109/15)
  • Fecha: 13/12/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión M.B. c. España (PDF. 74 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a la denegación de la solicitud de asilo, presentada el día 8 de marzo de 2015, a una nacional camerunesa, que trataba de entrar de manera ilegal en territorio español a través del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez el día 7 de marzo de 2015.

    El 11 de marzo la Subdirección General de Asilo rechazó la solicitud de asilo en base al artículo 21.2.b de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria al considerar que aquella estaba fundada en alegaciones contradictorias e insuficientes, no siendo creíbles.

    La demandante presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y al mismo tiempo solicitó la suspensión cautelarisíma de la ejecución de la orden de expulsión.

    Si bien la Audiencia acordó conceder la suspensión el 18 de marzo de 2015, levantó la misma el 26 de marzo de 2015 en base a que:

    - la demandante sólo había presentado la solicitud de protección internacional una vez que las Autoridades descubrieran su intento de entrada ilegal;

    - era muy poco probable que la familia del difunto esposo la obligara a casarse con su cuñado si tal como afirmaba, la consideraban responsable de la muerte de aquel;

    - la demandante había podido solicitar protección en Guinea Ecuatorial donde se detuvo antes de llegar a Madrid;

    - no había ninguna prueba de que existiera acoso o agresión social o familiar alguno.

    El 27 de marzo de 2015 la demandante recurrió al TEDH solicitando medidas cautelares con arreglo al artículo 39 del Reglamento de Procedimiento. Ese mismo día el TEDH acordó indicar al Gobierno español, en aplicación del artículo 39 de su Reglamento, que no procediera a la devolución de la demandante a Camerún mientras durara el procedimiento ante los tribunales internos.

    Mediante sentencia de 11 de febrero de 2016 la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandante contra las resoluciones denegatorias de su solicitud de asilo y ordenó su admisibilidad con el fin de proceder al examen sobre el fondo, refiriéndose, entre otras cosas, a dos sentencias del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo de 2013.

    A día de hoy, la solicitud de protección internacional de la demandante se encuentra en trámite de examen por parte de las Autoridades administrativas.

    QUEJAS:Invocando los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes) la demandante se queja de los riesgos que correría en caso de retorno a Camerún y alega no haber gozado, como lo hubiera exigido el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio, de un recurso efectivo para hacer valer sus quejas respecto de las antedichas disposiciones. Se queja igualmente del carácter no suspensivo de los recursos interpuestos contra la denegación de su solicitud de protección internacional.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH resuelve:

    - Archivar las actuaciones respecto de la queja relativa al artículo 13 puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio ya que la presentación de la solitud de protección, de acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley 12/2009, sí acarrea automáticamente la suspensión de la orden de expulsión hasta que una decisión sobre el fondo sea adoptada.

    - Declarar inadmisibles las quejas respecto de los artículos 2 y 3 del Convenio, por prematuras con arreglo al artículo 35.1 del Convenio.

     

     

     

  • Artículos relacionados:
  • Asunto: M.L.R. c. España (22353/14)
  • Fecha: 24/05/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión M.L.R. c. España (PDF. 111 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    Antecedentes:

     

    La demandante es madre de seis hijos. Los tres primeros viven con su padre, anterior marido. Ante el deficiente cuidado que proporcionaba, junto con su nueva pareja, a los dos siguientes, los servicios sociales le proporcionaron ayudas y un programa de mejora de la situación familiar. Al no cumplir con el programa y verse afectado el bienestar de los menores, se les declaró en situación de desamparo y quedaron acogidos por la Administración competente, quien promovió su acogimiento pre adoptivo en otra familia. La declaración de desamparo fue recurrida judicialmente, solicitando su anulación o, subsidiariamente, el establecimiento de un régimen de visitas. Negada la solicitud en primera instancia y en apelación, el Tribunal Superior de Justica, en casación, casa parcialmente las anteriores sentencias en el sentido de que si bien se había declarado administrativamente el desamparo la cesación de los contactos con la familia biológica sólo podía acordarse motivadamente por la autoridad judicial. En ejecución de la sentencia de casación, la Administración reevalúa con numerosos estudios y antecedentes la situación de los menores, concluyendo que una reanudación del contacto con la familia biológica atentaría gravemente contra el bienestar de los menores. En el ínterin, los padres biológicos se habían trasladado a residir a Portugal, , habían tenido otro hijo y las autoridades portuguesas se encontraban vigilando la situación de deficiente cuidado en la que este último se encontraba. Se deniega, por lo tanto, la reanudación de la visitas y se concede el derecho de recurrir ex novo jurisdiccionalmente el acto administrativo. La demandante elige no recurrir este último acto y opta por instar un incidente de ejecución de la sentencia obtenida en casación. Esta vía impugnatoria no prospera ni en primera instancia ni en apelación. Recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Amparo es inadmitido. Tras ello interpone demanda ante el TEDH considerando que se han vulnerado los artículos 6 (Derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar). El procedimiento judicial interno sobre adopción quedó, mientras tanto, en suspenso.

    España opone que no se han agotado los recursos internos, tal y como exige el art 35.1 del Convenio. La segunda decisión administrativa por la que se denegaba el régimen de visitas, tras una nueva evaluación del mejor interés de los menores, no había sido recurrida en el plazo de 2 meses concedido para ello. No se podía invocar la sentencia dictada en casación, que ya se había ejecutado debidamente mediante la anterior reevaluación con pruebas de la situación de la demandante y el mejor interés de los menores.

    Decisión del tribunal:

     

    El Tribunal recopila su jurisprudencia sobre agotamiento de los recursos internos como requisito de admisibilidad de las demandas ante el TEDH. Concluye que, en este caso, las vías de recurso interno que estaban a disposición de la demandante y eran susceptibles de ser efectivas, no han sido agotadas.

    Inadmite, por ello, la demanda conforme al art 35.1 CEDH.

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  • Asunto: Cándido González Martín y Plasencia Santos c. España (6177/10)
  • Fecha: 15/03/2016
  • Sentencia resumen: No hay violación del Convenio
  • Decisión CÁNDIDO GLEZ. MARTÍN Y PLASENCIA SANTOS c. España (PDF. 97 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    Los demandantes interpusieron demanda por considerar que las sucesivas prórrogas mensuales del secreto de las diligencias sumariales que les afectaban- que tenían su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales- podían constituir una violación del derecho a ser informados de la acusación formulada en su contra y suponer una duración excesiva del proceso, con infracción, respectivamente, de los artículos 6.3.a) y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    Intervino como tercero la ONG Fair Trials International defendiendo que el derecho a conocer la acusación debe extenderse a toda la duración de la investigación judicial –no sólo a la fase de enjuiciamiento- en la medida en que el retraso en el conocimiento de los detalles de la acusación por los investigados podría suponer merma en sus derechos de defensa jurídica. Asimismo proponía que los límites subjetivos y objetivos de la declaración de secreto debieran ser los mínimos indispensables, permitiéndose los recursos contra las decisiones adoptadas por los jueces de instrucción en este sentido.

    El TEDH inadmite la demanda, estimando las observaciones formuladas por España, en el sentido siguiente:

    a) Sobre la demanda de violación del art 6.3.a) CEDH (derecho a ser informado, en el más breve plazo y de manera detallada, de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él):

    - Respecto de las decisiones judiciales que establecían el secreto del sumario en lo que concierne a delitos respecto de los cuales los demandantes ya han sido absueltos, considera que no tienen éstos ya la cualidad de víctima, que requiere para gozar de legitimación activa el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    - En lo que concierne al resto de delitos, por los que podría abrirse en su caso el juicio oral contra ellos, la demanda ante el TEDH es prematura (artículo 35 apartados 1 y 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Debe agotarse previamente la vía judicial interna, esperando a la sentencia y a los recursos internos existentes contra la misma.

    b) Sobre la demanda de violación del art 6.1 CEDH (Derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas):

    - El mantenimiento durante un periodo prolongado del secreto de la instrucción (en este caso de 1 año para unos delitos y 4 años para los restantes), previsto en el artículo 302.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se justifica en este caso para evitar interferencias o acciones de los demandantes que pudieran comprometer el éxito de la investigación.

    - No se acredita ningún periodo de inactividad imputable a las autoridades (el magistrado ha adoptado más de 150 decisiones, se han practicado escuchas telefónicas, registros domiciliarios, toma de 44 declaraciones de los investigados y testigos, realizado complejas investigaciones patrimoniales, con movimientos de 300 cuentas bancarias.

    - Se ha intentado recusar al magistrado instructor y uno de los investigados ha resultado sobrevenidamente aforado, con envío de parte de la causa al Tribunal Supremo.

    - Los magistrados han revisado mensualmente, para cada uno de los afectados, la necesidad de prorrogar o no el secreto de las actuaciones.

    - Las actuaciones sobre los delitos de corrupción y blanqueo de capitales han sido muy extensas, documentándose en varios miles de páginas.

    Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera, en este caso, que “(…) el mantenimiento prolongado del secreto de la instrucción no ha tenido incidencia decisiva sobre la duración del procedimiento en su conjunto y no puede, por consecuencia, ser considerado desconocedor de las exigencias de la “duración razonable” garantizada por el artículo 6§1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debe, pues, rechazarse esta alegación como manifiestamente mal fundada, en aplicación del artículo 35§§3 y 4 del Convenio”

  • Artículos relacionados:
  • Asunto: Blesa Rodríguez c. España (61131/12)
  • Fecha: 01/12/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Sentencia Blesa Rodríguez c. España (PDF. 320 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El TEDH declara que ha habido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio respecto al requisito de un tribunal imparcial.

    El asunto se refiere a una querella por falsedad documental interpuesta por la Universidad de la Laguna contra el demandante, profesor en la facultad de Farmacia de dicha Universidad, recurrida por el demandante quien afirmó que dos de los magistrados que le condenaron (A. y Sa.) no fueron imparciales.

    El Gobierno alegó que el demandante no había agotado las vías de recurso internas respecto a sus demandas sobre la imparcialidad en relación con ambos magistrados. Respecto al magistrado A., el demandante admitió no haberle recusado, siendo rechazada su demanda tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional por no haber utilizado primero los recursos disponibles. El TEDH constata que el demandante no ha agotado las vías internas de recurso, rechazándose esta parte de la demanda con arreglo al artículo 35.1 y 35.4 del Convenio.

    Respecto al magistrado Sa., el Gobierno alegó que el demandante no había solicitado su recusación. Este informó que la composición de la Sala de la Audiencia Provincial se había modificado sin haberle informado de la identidad de los tres magistrados que la componían. El TEDH considera que el demandante formuló la queja de falta de imparcialidad tan pronto como le fue permitido, concretamente interponiendo su recurso sobre cuestiones de derecho ante el Tribunal Supremo, que abordó el asunto examinando en su totalidad el fondo de la demanda sobre la falta de imparcialidad. El TEDH indica que esta queja no está manifiestamente mal fundada a los efectos del artículo 35.3.a) del Convenio, debiendo admitirse a trámite.

    Respecto al fondo, el demandante se quejó de que se había conculcado su derecho a un tribunal independiente e imparcial a causa de las relaciones profesionales y económicas entre el magistrado Sa. y la Universidad. El Gobierno consideró que carecía de fundamento dicha declaración. El TEDH reitera que la imparcialidad debe evaluarse por medio de un análisis subjetivo y objetivo. El magistrado era profesor asociado y realizaba labores administrativas por las que percibía ingresos por parte de la universidad. Por dichos motivos, se debe considerar que el magistrado mantuvo relaciones profesionales regulares, estrechas y remuneradas con la universidad mientras llevaba a cabo sus labores como magistrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En opinión del TEDH, estas circunstancias sirven objetivamente para justificar el recelo del demandante de que el magistrado Sa. carecía de la imparcialidad necesaria.

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  • Fecha: 29/09/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión D.O.R y S.E. c. España (PDF. 84 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La decisión se adopta sobre dos demandas acumuladas. Las dos demandantes solicitaban que se declararan infringidos los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes) y 4 ( prohibición de los trabajos forzados y la esclavitud) con relación al art 13 (derecho a un recurso interno efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, fundándose en que sus solicitudes de asilo habían sido examinadas de manera sumaria por basarse en alegaciones contradictorias e insuficientes y sobre hechos carentes de credibilidad, sin que se hubieran suspendido las órdenes de expulsión. A raíz de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que anulan el procedimiento, ordenando retrotraer las actuaciones para que se desarrollen por el procedimiento administrativo ordinario –que tiene efectos suspensivos de la expulsión- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide archivar las demandas por prematuras.

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  • Fecha: 16/06/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión BELLID y BELLID c. España (PDF. 71 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El TEDH considera, en un caso en el que se solicitaba condena por vulneración del derecho a la presunción de inocencia conforme al artículo 6.2 del Convenio, tras haber sido absueltos los demandantes del delito de pertenencia a una organización terrorista por falta de elementos de prueba a cargo suficientes y serles denegada una indemnización por el tiempo en el que habían estado privados de libertad, que no han sido agotados los recursos internos (artículo 35 apartados 1 y 4 del Convenio) puesto que los demandantes no invocaron ante el Tribunal Constitucional la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia sino que se limitaron a formular la queja respecto de la inadmisión de sus recursos de casación, por lo que el TEDH procede a la inadmisión de las demandas.

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  • Fecha: 20/01/2015
  • Sentencia resumen: No hay violación del Convenio
  • OGS Y DML c. España trad. Decision (PDF. 72 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El TEDH considera, en un caso en el que se solicitaba condena por vulneración del derecho a un recurso efectivo conforme al artículo 13, puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio, que las actuaciones deben ser archivadas, ya que la orden de expulsión contra los demandantes quedó suspendida a la espera de una decisión sobre el fondo, y que, en caso de denegación de sus solicitudes, aún podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (Artículo 37.1b) En cuanto a las quejas respecto de los artículos 2 y 3 del Convenio, son inadmitidas por prematuras, puesto que la resolución de las solicitudes de protección internacional sigue pendiente y, en caso de denegación de las mismas, los demandantes podrán recurrir a la Audiencia Nacional y, en su caso, al Tribunal Supremo.

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  • Asunto: Balsells i Castelltort y Otros c. España (62239/10)
  • Fecha: 06/01/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión BALSELLS i CASTELLTORT. c. España (PDF. 77 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El TEDH considera, en un caso en el que se solicitaba condena por vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas conforme al art 6.1 CEDH, que la demanda debe ser inadmitida por falta de agotamiento de los recursos internos efectivos (Art 35 apartados 1 y 4 TEDH). Se considera que no se agotan los recursos internos en estos casos cuando, pese a haber recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, era posible haber solicitado la responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

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  • Asunto: Jaurrieta Ortigala c. España (24931/07)
  • Fecha: 22/01/2013
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Sentencia Jaurrieta Ortigala c. España (PDF. 273 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El demandante presentó una queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por denegarle un permiso de salida penitenciario. Alega la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, invocando los artículos 5.4, 6.2, 6.3 y 13 del Convenio, por una supuesta falta de notificación de un Auto de la Audiencia Nacional desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. El Gobierno observa que la notificación se hizo a través del procurador y que el demandante tenía conocimiento de la existencia y sentido del Auto que desestimaba su recurso de apelación.

    El TEDH considera aplicable el artículo 6.1 del Convenio únicamente cuando se impugna una decisión que afecte a los derechos de carácter civil del individuo, declarando que dicho artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) no es aplicable en el presente caso. El Tribunal considera por tanto la demanda inadmisible.

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Demanda mal fundada o abusiva o no haber sufrido el demandante un perjuicio importante

  • Asunto: Rafael Benavent Díaz c. España (46479/10)
  • Fecha: 31/01/2017
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión Rafael BENAVENT c. España (PDF. 176 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a una sanción de seis días de arresto impuesta a un suboficial del Ejército destacado en Bosnia Herzegovina por la comisión de una falta leve (llegar tarde a su puesto de trabajo).

    Este arresto le fue impuesto, tras el oportuno expediente, el día 22 de febrero de 2006 por su superior jerárquico (Teniente Coronel). Debía cumplir la sanción en su alojamiento en el campamento sin perjuicio de que, durante el horario laboral, participara en las actividades propias de su función en la Unidad. Esta sanción se impuso de acuerdo con los artículos  7.9 y 9.1.3 de la Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Contra la misma interpuso recurso de alzada en vía administrativa que fue desestimado mediante resolución del General Jefe del Estado Mayor de la Defensa de 5 de abril de 2006. La sanción fue posteriormente confirmada por los órganos jurisdiccionales mediante sentencia  de 9 de abril de 2008 dictada por el Tribunal Territorial Militar Primero de Madrid.

    Esta sentencia fue recurrida en casación invocando exclusivamente la no aplicación de la reserva. El demandante no cuestiona la validez de la reserva sino su eficacia en determinado lapso de tiempo, comprendido entre la entrada en vigor de las Leyes correspondientes y su notificación al Consejo de Europa. El Tribunal Supremo, Sala Quinta de lo Militar, dicta sentencia el día 2 de abril de 2009 que desestima el recurso confirmando la validez y la aplicabilidad de la reserva española de 1979 a la aplicación del Convenio.

    Contra la mencionada sentencia interpuso el interesado incidente de nulidad, alegando infracción del derecho a una tutela judicial efectiva (art 24.1 de la Constitución Española) o del derecho a la libertad personal (art 17.1 CE) desestimado por Auto de 16 de julio de 2009. Interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, fue inadmitido por Auto de 22 de febrero de 2010 por carecer de especial transcendencia constitucional.

    En el momento de la ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales mediante Instrumento de 4 de octubre de 1979, España formuló la siguiente reserva:

    De conformidad con el Artículo 64 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, España reserva la aplicación de:

    1. Los artículos 5 y 6, en la medida en que fueran incompatibles con las disposiciones que, en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se contienen en el Título XV del Tratado Segundo y en el Título XXIV del Tratado tercero, del Código de Justicia Militar.

    2. El artículo 11, en la medida en que fuere incompatible con los arts 28 y 127 de la Constitución Española.”

     La reserva fue modificada en 1986 tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 12/1985 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas con la siguiente redacción: (…) “España mantiene, no obstante, la reserva a los artículos 5 y 6 en la medida en que fueran todavía incompatibles con las disposiciones que se relacionan con el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y que se contienen en el Capítulo II del Título III y los capítulos II, III y V del Título IV de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que sustituyen a las disposiciones mencionadas en la expresada reserva”.

     Sin embargo, no fue notificada la modificación incorporada por la Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

     En 2007, tras la sustitución de la Ley 12/1985 por la Ley 8/1998 se modifica de nuevo la reserva quedando su redacción como sigue: (…)

    “España, de conformidad con el artículo 64 del Convenio, se reserva la aplicación de los artículos 5 y 6 en la medida en que resulten incompatibles con la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre – Capítulos II y III del Título III y Capítulos I,II,III,IV y V del Título IV-, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que entró en vigor el 3 de febrero de 1999”.

     

    QUEJAS: Invocando los artículos 8 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, el demandante se queja de haber sido privado de libertad en base a una decisión tomada por sus superiores jerárquicos en el marco de un procedimiento disciplinario llevado a cabo sin intervención judicial previa.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH considera:

    Que en la medida en que la reserva formulada por España respecto de los artículos 5 y 6 del Convenio era aplicable a las disposiciones en cuestión de la Ley Orgánica 8/1998 (aunque no fue notificada, la declara bajo la cobertura de la reserva inicial, dándose el caso, además, de que la Ley Orgánica 12/1985 ya redujo el ámbito de restricción de libertad de la legislación anterior a 30 días de arresto), no procede examinar la queja del  demandante relativa a la privación de libertad que éste habría padecido en base a una decisión tomada por sus superiores jerárquicos sin previa intervención judicial. Por ello, la demanda es incompatible ratione materiae con las disposiciones del Convenio a efectos de lo dispuesto en el artículo 35.3.a) y debe ser rechazada en aplicación del artículo 35.4.

    Esta conclusión exime al TEDH de examinar las demás excepciones de inadmisibilidad planteadas por el Gobierno. En consecuencia el TEDH declara la demanda inadmisible. 

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  • Asunto: Cerrato Guerra c. España (22916/13)
  • Fecha: 24/01/2017
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  • Decisión CERRATO GUERRA (PDF. 66 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a un trabajador al que se extingue la relación laboral de manera forzosa una vez llegada la edad legal de jubilación.

    Mediante sentencia de 20 de febrero de 2007, confirmada en casación el 12 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró este despido, acordado en razón de la edad del interesado, improcedente, ordenando al empleador que aquel fuera reintegrado en su puesto de trabajo. El día 1 de julio de 2009 el demandante se reintegró. Sin embargo, el 8 de julio de 2009, el empleador, al amparo del nuevo Convenio Colectivo procedió a la extinción de la relación laboral por jubilación forzosa. El demandante entabló entonces dos procedimientos en paralelo: presentó demanda de incidente de ejecución de la sentencia que le fue favorable, y demanda de despido.

    Mediante Auto de 5 de noviembre de 2009, el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid inadmitió la demanda puesto que las alegaciones del demandante trataban de un nuevo despido y que, por consiguiente, debía presentar un nuevo recurso por despido improcedente. Este Auto fue confirmado por sentencia del TSJM de 12 de enero de 2011.

    En cuanto al segundo procedimiento, mediante Auto de 19 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid archivó el caso considerando que el mismo trataba en realidad de una no-reintegración. El día 11 de noviembre, el demandante interpuso ante el mismo Juzgado recurso de reposición que fue inadmitido mediante Auto de 23 de noviembre de 2009 por no haber citado el demandante cual era el precepto legal que se vulneraba. El día 30 de marzo, el demandante interpuso un segundo recurso de reposición ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, el cual fue inadmitido por extemporáneo ya que el interesado no recurrió en tiempo el Auto de 23 de noviembre de 2009. La resolución recurrida fuera de plazo fue notificada en su domicilio a su mujer y el demandante alegaba que la notificación no había sido realizada correctamente porque no se había hecho en el despacho de su abogado, que sobrevenidamente se había designado como domicilio a efectos de notificaciones. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo del demandante por carecer de especial transcendencia constitucional.

    QUEJAS: Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, el demandante se queja de que el fondo de sus pretensiones no ha sido examinado por las jurisdicciones internas.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH resuelve:

    Declarar la demanda inadmisible por haber reaccionado extemporáneamente el demandante contra el Auto del 23 de noviembre, siendo el propio demandante el responsable de la situación de la que se queja. En efecto, su actuación ha impedido a las jurisdicciones internas que se pronunciaran sobre el fondo del asunto. En consecuencia se inadmite la demanda por estar manifiestamente mal fundada en aplicación del artículo 35 §§ 3 y 4 del Convenio.

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  • Decisión CABALLERO RAMÍREZ (PDF. 104 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a un concurso de movilidad interna para ciertas categorías de funcionarios en el que intervienen las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas de Canarias y de Andalucía, y por el que se adjudica a la ahora demandante un puesto “a resultas”.

    Con fecha 21 de noviembre de 2005, un funcionario, compañero de la demandante, que ocupa plaza en un Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria solicita una - que se le adjudica con posterioridad - que ofrece la Comunidad Autónoma de Andalucía en un Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera. Como consecuencia de ello aquella plaza se ofrece “a resultas” a la demandante. Dentro del plazo para presentar alegaciones, dicho compañero renuncia a la plaza que le había sido adjudicada, sin que la Comunidad Autónoma de Canarias tuviera conocimiento de ello, por lo que la demandante, no debería haber ocupado la plaza que en principio iba a quedar vacante.

    A raíz de estos errores administrativos - al haberse producido unos actos administrativos antijurídicos (adjudicaciones definitivas viciadas de nulidad de manera encadenada, pues el vicio de nulidad de la adjudicación definitiva de la plaza en el Juzgado de Jerez de la Frontera acarrea la antijuridicidad de la adjudicación definitiva de la plaza en el Juzgado de Las Palmas), y tras varias resoluciones judiciales, se reponen, tanto al afectado por la adjudicación en Jerez de la Frontera como a la demandante, en sus plazas de origen.

    Una vez recibida la correspondiente notificación de su reposición, el día 28 de enero de 2009, la demandante ejercita acciones de recursos simultáneas ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Jerez de la Frontera, de Las Palmas de Gran Canaria y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta sentencia el 1 de julio de 2011 en la que estima parcialmente la demanda y le concede una indemnización de 5.000 € por daños morales y perjuicios económicos producidos.

    QUEJAS:La demandante se queja de una vulneración del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo) por no haber sido oída, como parte interesada, en el marco del procedimiento contencioso-administrativo promovido por su compañero ante el Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera y cuyo resultado – reposición de su compañero en su plaza de origen, le habría causado un perjuicio innegable.

    DECISIÓN DEL TEDH:

    Inadmite la demanda por considerar que el comportamiento de la demandante en el presente caso ha sido contrario a la finalidad del derecho al recurso individual, según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Convenio y al artículo 47.7 del Reglamento de Procedimiento del TEDH por:

    - haber omitido informar al TEDH de la solicitud, por parte de la demandante, de responsabilidad patrimonial de la Administración por anormal funcionamiento de la justicia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como de la sentencia de 1 de julio de 2011 por la que se le concedía 5.000 € en concepto de daños morales y materiales padecidos que responden, precisamente, a la no comparecencia en el procedimiento litigioso.

    - haber omitido informar al TEDH que estaba pendiente un recurso extraordinario de revisión que había sido interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el momento en que la demandante recurrió al TEDH, y que éste fue desestimado el 18 de diciembre de 2012. El TEDH considera que estas informaciones conciernen al fondo del asunto.

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  • Fecha: 27/09/2016
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  • Decisión Jacinta GODOY (PDF. 96 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a la duración del procedimiento de expropiación derivado de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CGCM) de 7 de marzo de 1985 por el que se aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de un barrio de Madrid. Este acuerdo se confirmó el 17 de abril de 1997. El Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y el CGCM, para la promoción y ejecución de dicho Plan se firmó el 3 de mayo de 2005. El día 16 de abril de 2009 se produjo la aprobación definitiva del proyecto de expropiación.

    Los demandantes presentaron una reclamación de indemnización ante el Ayuntamiento de Madrid el 29 de julio de 2006 por considerarlo responsable de la situación de sujeción administrativa de sus terrenos, sin que la expropiación tuviera lugar, vulnerando el derecho al respeto de la propiedad privada. Esta reclamación fue rechazada, así como el consiguiente recurso contencioso administrativo. Los demandantes recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que desestimó el recurso mediante sentencia de 22 de abril de 2010. El recurso de nulidad interpuesto contra ésta fue inadmitido el 25 de junio de 2010.

    El día 26 de marzo de 2013, el Plan Parcial fue modificado requiriendo para ello la demolición de aproximadamente 335 viviendas, de una o dos plantas, con una antigüedad media próxima a los noventa años y con calidades constructivas modestas o muy modestas, en su mayoría habitadas por residentes, a los que, seguidamente, se les reconoció el derecho a realojo.

    QUEJAS:Los demandantes se quejan, invocando el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio (Protección de la propiedad) de una vulneración de su derecho al respeto de sus bienes en razón de la duración del procedimiento de expropiación entablado en su contra.

    DECISIÓN DEL TEDH:

    - El TEDH considera que la injerencia en el derecho de los demandantes al respeto de sus bienes respondía a las exigencias del interés general

    - Constata que el sistema de expropiación se ha llevado a cabo en todos los casos y que el importe de las indemnizaciones por expropiación ha sobrepasado con creces el precio pagado en la compra.

    - Que no se ha privado a los demandantes de sus bienes, sino que han percibido sus indemnizaciones expropiatorias cuando todavía vivían en sus respectivas viviendas, a la espera de que les fueran entregados los pisos nuevos que se les había adjudicado en el mismo barrio tras su reordenación y que podrían ocuparlos en tanto que inquilinos o bien comprarlos a un precio, en todo caso inferior al de mercado, establecido caso a caso en función de sus ingresos.

    En consecuencia, el TEDH desestima la queja de los demandantes por estar manifiestamente mal fundada, en aplicación del artículo 35 §§ 3 y 4 del Convenio y declara el resto de la demanda inadmisible.

     

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  • Decisión CÁNDIDO GLEZ. MARTÍN Y PLASENCIA SANTOS c. España (PDF. 97 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    Los demandantes interpusieron demanda por considerar que las sucesivas prórrogas mensuales del secreto de las diligencias sumariales que les afectaban- que tenían su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales- podían constituir una violación del derecho a ser informados de la acusación formulada en su contra y suponer una duración excesiva del proceso, con infracción, respectivamente, de los artículos 6.3.a) y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    Intervino como tercero la ONG Fair Trials International defendiendo que el derecho a conocer la acusación debe extenderse a toda la duración de la investigación judicial –no sólo a la fase de enjuiciamiento- en la medida en que el retraso en el conocimiento de los detalles de la acusación por los investigados podría suponer merma en sus derechos de defensa jurídica. Asimismo proponía que los límites subjetivos y objetivos de la declaración de secreto debieran ser los mínimos indispensables, permitiéndose los recursos contra las decisiones adoptadas por los jueces de instrucción en este sentido.

    El TEDH inadmite la demanda, estimando las observaciones formuladas por España, en el sentido siguiente:

    a) Sobre la demanda de violación del art 6.3.a) CEDH (derecho a ser informado, en el más breve plazo y de manera detallada, de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él):

    - Respecto de las decisiones judiciales que establecían el secreto del sumario en lo que concierne a delitos respecto de los cuales los demandantes ya han sido absueltos, considera que no tienen éstos ya la cualidad de víctima, que requiere para gozar de legitimación activa el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    - En lo que concierne al resto de delitos, por los que podría abrirse en su caso el juicio oral contra ellos, la demanda ante el TEDH es prematura (artículo 35 apartados 1 y 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Debe agotarse previamente la vía judicial interna, esperando a la sentencia y a los recursos internos existentes contra la misma.

    b) Sobre la demanda de violación del art 6.1 CEDH (Derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas):

    - El mantenimiento durante un periodo prolongado del secreto de la instrucción (en este caso de 1 año para unos delitos y 4 años para los restantes), previsto en el artículo 302.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se justifica en este caso para evitar interferencias o acciones de los demandantes que pudieran comprometer el éxito de la investigación.

    - No se acredita ningún periodo de inactividad imputable a las autoridades (el magistrado ha adoptado más de 150 decisiones, se han practicado escuchas telefónicas, registros domiciliarios, toma de 44 declaraciones de los investigados y testigos, realizado complejas investigaciones patrimoniales, con movimientos de 300 cuentas bancarias.

    - Se ha intentado recusar al magistrado instructor y uno de los investigados ha resultado sobrevenidamente aforado, con envío de parte de la causa al Tribunal Supremo.

    - Los magistrados han revisado mensualmente, para cada uno de los afectados, la necesidad de prorrogar o no el secreto de las actuaciones.

    - Las actuaciones sobre los delitos de corrupción y blanqueo de capitales han sido muy extensas, documentándose en varios miles de páginas.

    Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera, en este caso, que “(…) el mantenimiento prolongado del secreto de la instrucción no ha tenido incidencia decisiva sobre la duración del procedimiento en su conjunto y no puede, por consecuencia, ser considerado desconocedor de las exigencias de la “duración razonable” garantizada por el artículo 6§1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debe, pues, rechazarse esta alegación como manifiestamente mal fundada, en aplicación del artículo 35§§3 y 4 del Convenio”

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  • Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (PDF. 252 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     El asunto concierne a varios demandantes que reclaman por una presunta vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, alegando la eventual vulneración del principio de imparcialidad del Tribunal enjuiciador (Audiencia Nacional) y en el Tribunal Constitucional , que desestimó el recurso de amparo formalizado posteriormente.

    El Tribunal Europeo de Derecho Humanos rechaza parcialmente , mediante esta decisión, por manifiestamente infundada, la demanda en lo que se refiere al Presidente del Tribunal Constitucional –recusado por haber sido militante de un partido político- y y un Magistrado del mismo – por haber sido previamente Fiscal de la Audiencia Nacional-.

    El TEDH considera sucintamente, sin embargo, que todavía no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la admisibilidad y fondo de la demanda en lo referente a la queja sobre la falta de imparcialidad de la Sala enjuiciadora de la Audiencia Nacional. Decide, en consecuencia, comunicar la demanda a España para que aporte datos adicionales que permitan decidir en su día

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  • Decisión N.D. y N.T. c. España (PDF. 84 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    Los demandantes fueron rechazados en su intento de entrada en España tras asaltar las vallas fronterizas de Melilla. Interpusieron demanda contra España ante El TEDH por presunta vulneración de los artículos 3 (Prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes), 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio, y del artículo 4 del Protocolo nº 4 (Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y este último puesto en relación con el 13 del Convenio. El TEDH inadmite la demanda en lo que se refiere a las pretendidas vulneraciones de los artículos 3 y 13. Considera, por último, que todavía no cuenta con elementos de juicio suficientes para decidir sobre la admisibilidad de la queja relativa a la vulneración del artículo 4 del Protocolo nº 4, y del artículo 13 del Convenio puesto en relación con el artículo 4 del Protocolo nº 4, y juzga oportuno aplazar su decisión, solicitando a las partes las alegaciones pertinentes para resolver al respecto.

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  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • 30537_12_Soberanía de la razón y otros c. España (PDF. 293 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    En este caso se solicitaba condena por vulneración del derecho a elecciones libres conforme al artículo 3 del Protocolo nº 1 del Convenio, así como del artículo 14 del Convenio (prohibición de discriminación), puesto en relación con el artículo 3 del Protocolo nº 1, y del artículo 1 (prohibición general de la discriminación) del Protocolo nº 12. El TEDH considera que el requisito establecido en la Ley Electoral sobre la necesidad de obtener el 0,1% de firmas del censo electoral de la circunscripción para que los partidos políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación parlamentaria en la anterior convocatoria de elecciones puedan presentar candidaturas a las elecciones generales, no vulnera el Convenio. En consecuencia, el Tribunal declara la demanda inadmisible.

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  • ANDREASEN c. Reino Unido y otros 26 EEMM de la UE (PDF. 444 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La Comisión Europea abrió un procedimiento disciplinario contra la demandante, quien cuestionó la imparcialidad de la Junta disciplinaria así como que el procedimiento seguido fue injusto, que las cuestiones de hecho ignoraban los hechos contradictorios presentados por ella, y que la sanción impuesta era absolutamente desproporcionada. El TEDH manifiesta que tanto el Tribunal de la Función Pública como el Tribunal General de la UE abordaron todos los motivos planteados por la demandante y proporcionaron razones suficientes para rechazarlos sucesivamente. El TEDH considera que dichos tribunales ejercieron la jurisdicción adecuada a los efectos del artículo 6.1 del Convenio.

    Por otro lado, la demandante se quejó de que incumplimiento de transponer el Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo a la legislación europea obstaculizaron su derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, la demandante acertó a impugnar su despido ante los tribunales europeos. Considera el TEDH que hubo suficientes revisiones y, más importante, no podría considerarse que hubo “deficiencia manifiesta” alguna en la protección de los derechos del Convenio para la demandante en el proceso disciplinario seguido ante los tribunales de la UE.  El TEDH declara esta queja inadmisible por estar manifiestamente mal fundada con arreglo al artículo 35.3.a) del Convenio.

    El TEDH finalmente declara la demanda inadmisible.

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  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • sentencia ARRIBAS ANTON c España (PDF. 167 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La demanda se plantea por la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir un recurso de amparo por la falta de relevancia constitucional del asunto, criterio de inadmisión introducido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma del Tribunal Constitucional.

    El demandante, que trabajaba en un hospital psiquiátrico en Bilbao, fue sancionado en 2002 con un año de suspensión de salario y sueldo por un intento de abuso sexual de una paciente. Tras interponer diversos recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que fueron desestimados, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal, mediante providencia, inadmitió el caso por falta de relevancia constitucional. El demandante se queja ante el Tribunal Europeo alegando, al amparo de los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo) y 13 (derecho al recurso) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que la decisión de inadmisibilidad fue excesivamente formalista, tanto en cuanto al criterio mismo de la falta de relevancia, como en los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para acreditarla.

    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado la demanda por las siguientes razones:

    • El Tribunal afirma que la configuración de un recurso como el de amparo corresponde al legislador estatal. La finalidad perseguida por la reforma del recurso de amparo introducida por la Ley Orgánica 6/2007: facilitar el trabajo del Tribunal Constitucional, reforzando su intervención subsidiaria, y atribuyendo a la Jurisdicción ordinaria el papel principal de garantía de los derechos fundamentales, es legítima.
    • La condición de someter la admisibilidad del recurso de amparo a requisitos de carácter objetivo, como la relevancia constitucional del caso, no es desproporcionada ni vulnera el derecho a un juicio justo. La motivación de la inadmisibilidad del recurso, mediante providencia con referencia escueta a su base legal, es suficiente. Esto no obstante, el Tribunal Europeo se reserva el análisis de una demanda interpuesta contra España aunque haya sido previamente inadmitida por el Tribunal Constitucional.
    • Además, la aplicación del nuevo criterio de admisibilidad se ha llevado a cabo por parte del Tribunal Constitucional de una manera progresiva, aclarando en sucesivas sentencias (fundamentalmente la STC 155/2009), cuándo concurre y cómo ha de acreditarse la relevancia constitucional de las demandas.
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Inadmisión de la demanda en aplicación de este mismo artículo 35

  • Asunto: Rafael Benavent Díaz c. España (46479/10)
  • Fecha: 31/01/2017
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión Rafael BENAVENT c. España (PDF. 176 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a una sanción de seis días de arresto impuesta a un suboficial del Ejército destacado en Bosnia Herzegovina por la comisión de una falta leve (llegar tarde a su puesto de trabajo).

    Este arresto le fue impuesto, tras el oportuno expediente, el día 22 de febrero de 2006 por su superior jerárquico (Teniente Coronel). Debía cumplir la sanción en su alojamiento en el campamento sin perjuicio de que, durante el horario laboral, participara en las actividades propias de su función en la Unidad. Esta sanción se impuso de acuerdo con los artículos  7.9 y 9.1.3 de la Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Contra la misma interpuso recurso de alzada en vía administrativa que fue desestimado mediante resolución del General Jefe del Estado Mayor de la Defensa de 5 de abril de 2006. La sanción fue posteriormente confirmada por los órganos jurisdiccionales mediante sentencia  de 9 de abril de 2008 dictada por el Tribunal Territorial Militar Primero de Madrid.

    Esta sentencia fue recurrida en casación invocando exclusivamente la no aplicación de la reserva. El demandante no cuestiona la validez de la reserva sino su eficacia en determinado lapso de tiempo, comprendido entre la entrada en vigor de las Leyes correspondientes y su notificación al Consejo de Europa. El Tribunal Supremo, Sala Quinta de lo Militar, dicta sentencia el día 2 de abril de 2009 que desestima el recurso confirmando la validez y la aplicabilidad de la reserva española de 1979 a la aplicación del Convenio.

    Contra la mencionada sentencia interpuso el interesado incidente de nulidad, alegando infracción del derecho a una tutela judicial efectiva (art 24.1 de la Constitución Española) o del derecho a la libertad personal (art 17.1 CE) desestimado por Auto de 16 de julio de 2009. Interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, fue inadmitido por Auto de 22 de febrero de 2010 por carecer de especial transcendencia constitucional.

    En el momento de la ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales mediante Instrumento de 4 de octubre de 1979, España formuló la siguiente reserva:

    De conformidad con el Artículo 64 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, España reserva la aplicación de:

    1. Los artículos 5 y 6, en la medida en que fueran incompatibles con las disposiciones que, en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se contienen en el Título XV del Tratado Segundo y en el Título XXIV del Tratado tercero, del Código de Justicia Militar.

    2. El artículo 11, en la medida en que fuere incompatible con los arts 28 y 127 de la Constitución Española.”

     La reserva fue modificada en 1986 tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 12/1985 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas con la siguiente redacción: (…) “España mantiene, no obstante, la reserva a los artículos 5 y 6 en la medida en que fueran todavía incompatibles con las disposiciones que se relacionan con el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y que se contienen en el Capítulo II del Título III y los capítulos II, III y V del Título IV de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que sustituyen a las disposiciones mencionadas en la expresada reserva”.

     Sin embargo, no fue notificada la modificación incorporada por la Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

     En 2007, tras la sustitución de la Ley 12/1985 por la Ley 8/1998 se modifica de nuevo la reserva quedando su redacción como sigue: (…)

    “España, de conformidad con el artículo 64 del Convenio, se reserva la aplicación de los artículos 5 y 6 en la medida en que resulten incompatibles con la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre – Capítulos II y III del Título III y Capítulos I,II,III,IV y V del Título IV-, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que entró en vigor el 3 de febrero de 1999”.

     

    QUEJAS: Invocando los artículos 8 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, el demandante se queja de haber sido privado de libertad en base a una decisión tomada por sus superiores jerárquicos en el marco de un procedimiento disciplinario llevado a cabo sin intervención judicial previa.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH considera:

    Que en la medida en que la reserva formulada por España respecto de los artículos 5 y 6 del Convenio era aplicable a las disposiciones en cuestión de la Ley Orgánica 8/1998 (aunque no fue notificada, la declara bajo la cobertura de la reserva inicial, dándose el caso, además, de que la Ley Orgánica 12/1985 ya redujo el ámbito de restricción de libertad de la legislación anterior a 30 días de arresto), no procede examinar la queja del  demandante relativa a la privación de libertad que éste habría padecido en base a una decisión tomada por sus superiores jerárquicos sin previa intervención judicial. Por ello, la demanda es incompatible ratione materiae con las disposiciones del Convenio a efectos de lo dispuesto en el artículo 35.3.a) y debe ser rechazada en aplicación del artículo 35.4.

    Esta conclusión exime al TEDH de examinar las demás excepciones de inadmisibilidad planteadas por el Gobierno. En consecuencia el TEDH declara la demanda inadmisible. 

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  • Asunto: Cerrato Guerra c. España (22916/13)
  • Fecha: 24/01/2017
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión CERRATO GUERRA (PDF. 66 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a un trabajador al que se extingue la relación laboral de manera forzosa una vez llegada la edad legal de jubilación.

    Mediante sentencia de 20 de febrero de 2007, confirmada en casación el 12 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró este despido, acordado en razón de la edad del interesado, improcedente, ordenando al empleador que aquel fuera reintegrado en su puesto de trabajo. El día 1 de julio de 2009 el demandante se reintegró. Sin embargo, el 8 de julio de 2009, el empleador, al amparo del nuevo Convenio Colectivo procedió a la extinción de la relación laboral por jubilación forzosa. El demandante entabló entonces dos procedimientos en paralelo: presentó demanda de incidente de ejecución de la sentencia que le fue favorable, y demanda de despido.

    Mediante Auto de 5 de noviembre de 2009, el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid inadmitió la demanda puesto que las alegaciones del demandante trataban de un nuevo despido y que, por consiguiente, debía presentar un nuevo recurso por despido improcedente. Este Auto fue confirmado por sentencia del TSJM de 12 de enero de 2011.

    En cuanto al segundo procedimiento, mediante Auto de 19 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid archivó el caso considerando que el mismo trataba en realidad de una no-reintegración. El día 11 de noviembre, el demandante interpuso ante el mismo Juzgado recurso de reposición que fue inadmitido mediante Auto de 23 de noviembre de 2009 por no haber citado el demandante cual era el precepto legal que se vulneraba. El día 30 de marzo, el demandante interpuso un segundo recurso de reposición ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, el cual fue inadmitido por extemporáneo ya que el interesado no recurrió en tiempo el Auto de 23 de noviembre de 2009. La resolución recurrida fuera de plazo fue notificada en su domicilio a su mujer y el demandante alegaba que la notificación no había sido realizada correctamente porque no se había hecho en el despacho de su abogado, que sobrevenidamente se había designado como domicilio a efectos de notificaciones. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo del demandante por carecer de especial transcendencia constitucional.

    QUEJAS: Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, el demandante se queja de que el fondo de sus pretensiones no ha sido examinado por las jurisdicciones internas.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH resuelve:

    Declarar la demanda inadmisible por haber reaccionado extemporáneamente el demandante contra el Auto del 23 de noviembre, siendo el propio demandante el responsable de la situación de la que se queja. En efecto, su actuación ha impedido a las jurisdicciones internas que se pronunciaran sobre el fondo del asunto. En consecuencia se inadmite la demanda por estar manifiestamente mal fundada en aplicación del artículo 35 §§ 3 y 4 del Convenio.

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  • Asunto: M.B. c. España (15109/15)
  • Fecha: 13/12/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión M.B. c. España (PDF. 74 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    ANTECEDENTES: Este caso atañe a la denegación de la solicitud de asilo, presentada el día 8 de marzo de 2015, a una nacional camerunesa, que trataba de entrar de manera ilegal en territorio español a través del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez el día 7 de marzo de 2015.

    El 11 de marzo la Subdirección General de Asilo rechazó la solicitud de asilo en base al artículo 21.2.b de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria al considerar que aquella estaba fundada en alegaciones contradictorias e insuficientes, no siendo creíbles.

    La demandante presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y al mismo tiempo solicitó la suspensión cautelarisíma de la ejecución de la orden de expulsión.

    Si bien la Audiencia acordó conceder la suspensión el 18 de marzo de 2015, levantó la misma el 26 de marzo de 2015 en base a que:

    - la demandante sólo había presentado la solicitud de protección internacional una vez que las Autoridades descubrieran su intento de entrada ilegal;

    - era muy poco probable que la familia del difunto esposo la obligara a casarse con su cuñado si tal como afirmaba, la consideraban responsable de la muerte de aquel;

    - la demandante había podido solicitar protección en Guinea Ecuatorial donde se detuvo antes de llegar a Madrid;

    - no había ninguna prueba de que existiera acoso o agresión social o familiar alguno.

    El 27 de marzo de 2015 la demandante recurrió al TEDH solicitando medidas cautelares con arreglo al artículo 39 del Reglamento de Procedimiento. Ese mismo día el TEDH acordó indicar al Gobierno español, en aplicación del artículo 39 de su Reglamento, que no procediera a la devolución de la demandante a Camerún mientras durara el procedimiento ante los tribunales internos.

    Mediante sentencia de 11 de febrero de 2016 la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandante contra las resoluciones denegatorias de su solicitud de asilo y ordenó su admisibilidad con el fin de proceder al examen sobre el fondo, refiriéndose, entre otras cosas, a dos sentencias del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo de 2013.

    A día de hoy, la solicitud de protección internacional de la demandante se encuentra en trámite de examen por parte de las Autoridades administrativas.

    QUEJAS:Invocando los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes) la demandante se queja de los riesgos que correría en caso de retorno a Camerún y alega no haber gozado, como lo hubiera exigido el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio, de un recurso efectivo para hacer valer sus quejas respecto de las antedichas disposiciones. Se queja igualmente del carácter no suspensivo de los recursos interpuestos contra la denegación de su solicitud de protección internacional.

    DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH resuelve:

    - Archivar las actuaciones respecto de la queja relativa al artículo 13 puesto en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio ya que la presentación de la solitud de protección, de acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley 12/2009, sí acarrea automáticamente la suspensión de la orden de expulsión hasta que una decisión sobre el fondo sea adoptada.

    - Declarar inadmisibles las quejas respecto de los artículos 2 y 3 del Convenio, por prematuras con arreglo al artículo 35.1 del Convenio.

     

     

     

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  • Asunto: Cano Moya c. España (3142/11)
  • Fecha: 11/10/2016
  • Sentencia CANO MOYA v. ESPAÑA (PDF. 318 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El demandante, Vicente Manuel Cano Moya, de nacionalidad española, cumple actualmente condena en España. En el momento de los hechos el demandante estaba en prisión preventiva en Foncalent (Alicante). El asunto se refiere a la sanción impuesta por infracción disciplinaria mientras estaba encarcelado y, sobre todo, por el rechazo de las autoridades internas a facilitarle una copia completa de su expediente. El demandante fue declarado culpable de infracción disciplinaria por parte de la Comisión Disciplinaria de la cárcel de Alicante en octubre de 2009, por amenazar a funcionarios penitenciarios, desobedecer sus órdenes y dañar bienes del establecimiento.

    El demandante recurrió dicha sanción ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Comunidad Valenciana, quien ratificó parcialmente dicha sanción en noviembre de 2009. El demandante interpuso un recurso de reforma ante el mismo juzgado y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ambos recursos fueron desestimados en febrero y septiembre de 2010, respectivamente.

    El demandante decidió formular una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo que solicitó copia de su expediente. No obstante, las autoridades rechazaron facilitárselo nuevamente sobre la base de que el Tribunal Europeo tenía competencia para solicitarlo. Basándose en concreto en el artículo 34 (derecho a una demanda individual), el demandante reclamó que las autoridades habían vulnerado su derecho a una demanda individual por haber rechazado facilitarle una copia de su expediente con el fin de interponer una demanda ante el Tribunal Europeo.

    El Tribunal ha declarado inadmisible la demanda respecto a los artículos 6.2 y 10 del Convenio. Declara por seis votos a uno la vulneración del artículo 34 respecto a la denegación por parte de las autoridades en facilitarle una copia de su expediente para demandar ante el Tribunal Europeo. Declara igualmente por seis votos a uno que la vulneración ya supone en sí misma satisfacción equitativa suficiente en relación con los daños morales solicitados por el demandante, y declara inadmisible el resto de la demanda.

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  • Asunto: Decisión G.J. contra España (59172/12)
  • Fecha: 21/06/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión G.J. c. España (PDF. 336 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La demandante inició sendos procedimientos de asilo ante los tribunales españoles. El primero fue desestimado en base a la falta de documentación que probara su identidad y nacionalidad, así como la manifestación de hechos inconsistentes y contradictorios. El segundo fue declarado inadmisible por los mismos motivos, ante el que la demandante interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue rechazado, entre otros motivos, por la falta de existencia de un riesgo para su vida si era devuelta a Nigeria, hecho que se produjo en marzo de 2007.

    La ONG Women Links Worlwide (WLW) inició un procedimiento judicial ante los tribunales españoles respecto a dicha expulsión, que fue rechazado por falta de representación por parte de dicha Organización.

    Tras la interposición de una demanda por parte de WLW ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este concluye que dicha Organización no tiene capacidad para interponer la demanda por ser incompatible ratione personae en cumplimiento de los artículos 35 §§ 3 y 4 del Convenio.

  • Asunto: Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (4184/15)
  • Fecha: 03/11/2015
  • Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (PDF. 252 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     El asunto concierne a varios demandantes que reclaman por una presunta vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, alegando la eventual vulneración del principio de imparcialidad del Tribunal enjuiciador (Audiencia Nacional) y en el Tribunal Constitucional , que desestimó el recurso de amparo formalizado posteriormente.

    El Tribunal Europeo de Derecho Humanos rechaza parcialmente , mediante esta decisión, por manifiestamente infundada, la demanda en lo que se refiere al Presidente del Tribunal Constitucional –recusado por haber sido militante de un partido político- y y un Magistrado del mismo – por haber sido previamente Fiscal de la Audiencia Nacional-.

    El TEDH considera sucintamente, sin embargo, que todavía no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la admisibilidad y fondo de la demanda en lo referente a la queja sobre la falta de imparcialidad de la Sala enjuiciadora de la Audiencia Nacional. Decide, en consecuencia, comunicar la demanda a España para que aporte datos adicionales que permitan decidir en su día

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  • Fecha: 29/09/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión D.O.R y S.E. c. España (PDF. 84 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La decisión se adopta sobre dos demandas acumuladas. Las dos demandantes solicitaban que se declararan infringidos los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes) y 4 ( prohibición de los trabajos forzados y la esclavitud) con relación al art 13 (derecho a un recurso interno efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, fundándose en que sus solicitudes de asilo habían sido examinadas de manera sumaria por basarse en alegaciones contradictorias e insuficientes y sobre hechos carentes de credibilidad, sin que se hubieran suspendido las órdenes de expulsión. A raíz de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que anulan el procedimiento, ordenando retrotraer las actuaciones para que se desarrollen por el procedimiento administrativo ordinario –que tiene efectos suspensivos de la expulsión- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide archivar las demandas por prematuras.

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  • Sentencia resumen: No hay violación del Convenio
  • Decisión N.D. y N.T. c. España (PDF. 84 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    Los demandantes fueron rechazados en su intento de entrada en España tras asaltar las vallas fronterizas de Melilla. Interpusieron demanda contra España ante El TEDH por presunta vulneración de los artículos 3 (Prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes), 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio, y del artículo 4 del Protocolo nº 4 (Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y este último puesto en relación con el 13 del Convenio. El TEDH inadmite la demanda en lo que se refiere a las pretendidas vulneraciones de los artículos 3 y 13. Considera, por último, que todavía no cuenta con elementos de juicio suficientes para decidir sobre la admisibilidad de la queja relativa a la vulneración del artículo 4 del Protocolo nº 4, y del artículo 13 del Convenio puesto en relación con el artículo 4 del Protocolo nº 4, y juzga oportuno aplazar su decisión, solicitando a las partes las alegaciones pertinentes para resolver al respecto.

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  • Fecha: 16/06/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión BELLID y BELLID c. España (PDF. 71 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El TEDH considera, en un caso en el que se solicitaba condena por vulneración del derecho a la presunción de inocencia conforme al artículo 6.2 del Convenio, tras haber sido absueltos los demandantes del delito de pertenencia a una organización terrorista por falta de elementos de prueba a cargo suficientes y serles denegada una indemnización por el tiempo en el que habían estado privados de libertad, que no han sido agotados los recursos internos (artículo 35 apartados 1 y 4 del Convenio) puesto que los demandantes no invocaron ante el Tribunal Constitucional la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia sino que se limitaron a formular la queja respecto de la inadmisión de sus recursos de casación, por lo que el TEDH procede a la inadmisión de las demandas.

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  • Fecha: 31/03/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • ANDREASEN c. Reino Unido y otros 26 EEMM de la UE (PDF. 444 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La Comisión Europea abrió un procedimiento disciplinario contra la demandante, quien cuestionó la imparcialidad de la Junta disciplinaria así como que el procedimiento seguido fue injusto, que las cuestiones de hecho ignoraban los hechos contradictorios presentados por ella, y que la sanción impuesta era absolutamente desproporcionada. El TEDH manifiesta que tanto el Tribunal de la Función Pública como el Tribunal General de la UE abordaron todos los motivos planteados por la demandante y proporcionaron razones suficientes para rechazarlos sucesivamente. El TEDH considera que dichos tribunales ejercieron la jurisdicción adecuada a los efectos del artículo 6.1 del Convenio.

    Por otro lado, la demandante se quejó de que incumplimiento de transponer el Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo a la legislación europea obstaculizaron su derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, la demandante acertó a impugnar su despido ante los tribunales europeos. Considera el TEDH que hubo suficientes revisiones y, más importante, no podría considerarse que hubo “deficiencia manifiesta” alguna en la protección de los derechos del Convenio para la demandante en el proceso disciplinario seguido ante los tribunales de la UE.  El TEDH declara esta queja inadmisible por estar manifiestamente mal fundada con arreglo al artículo 35.3.a) del Convenio.

    El TEDH finalmente declara la demanda inadmisible.

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  • Asunto: Arribas Anton contra España (16563/11)
  • Fecha: 20/01/2015
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • sentencia ARRIBAS ANTON c España (PDF. 167 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    La demanda se plantea por la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir un recurso de amparo por la falta de relevancia constitucional del asunto, criterio de inadmisión introducido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma del Tribunal Constitucional.

    El demandante, que trabajaba en un hospital psiquiátrico en Bilbao, fue sancionado en 2002 con un año de suspensión de salario y sueldo por un intento de abuso sexual de una paciente. Tras interponer diversos recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que fueron desestimados, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal, mediante providencia, inadmitió el caso por falta de relevancia constitucional. El demandante se queja ante el Tribunal Europeo alegando, al amparo de los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo) y 13 (derecho al recurso) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que la decisión de inadmisibilidad fue excesivamente formalista, tanto en cuanto al criterio mismo de la falta de relevancia, como en los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para acreditarla.

    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado la demanda por las siguientes razones:

    • El Tribunal afirma que la configuración de un recurso como el de amparo corresponde al legislador estatal. La finalidad perseguida por la reforma del recurso de amparo introducida por la Ley Orgánica 6/2007: facilitar el trabajo del Tribunal Constitucional, reforzando su intervención subsidiaria, y atribuyendo a la Jurisdicción ordinaria el papel principal de garantía de los derechos fundamentales, es legítima.
    • La condición de someter la admisibilidad del recurso de amparo a requisitos de carácter objetivo, como la relevancia constitucional del caso, no es desproporcionada ni vulnera el derecho a un juicio justo. La motivación de la inadmisibilidad del recurso, mediante providencia con referencia escueta a su base legal, es suficiente. Esto no obstante, el Tribunal Europeo se reserva el análisis de una demanda interpuesta contra España aunque haya sido previamente inadmitida por el Tribunal Constitucional.
    • Además, la aplicación del nuevo criterio de admisibilidad se ha llevado a cabo por parte del Tribunal Constitucional de una manera progresiva, aclarando en sucesivas sentencias (fundamentalmente la STC 155/2009), cuándo concurre y cómo ha de acreditarse la relevancia constitucional de las demandas.
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