Ir a Contenido

Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

Menú principal

La jurisprudencia del TEDH

Artículo 10: Libertad de expresión
  • Asunto: Stern Taulats y Roura Capellera c. España (51168/15 y 51186/15)
  • Fecha: 13/03/2018
  • Sentencia resumen: Violación del Convenio
  • Sentencia Stern Taulats y Roura Capellera. c España (PDF. 350 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

     

    Vulneración de la libertad de expresión de dos personas condenadas en 2007 por quemar una fotografía de los reyes de España.

    Mediante sentencia de 13 de marzo en el asunto Stern Taulats y Roura v España (demanda nº 51168/15), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado por unanimidad la vulneración del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    El asunto se refiere a la condena de dos españoles que quemaron una fotografía de los reyes en una manifestación pública durante la visita oficial del rey a Girona en septiembre de 2007.

    En concreto, el Tribunal declara que el acto presuntamente cometido por los demandantes formaba parte de una crítica política, no personal, de la monarquía en general, y del Reino de España como nación en particular. Indica igualmente que se enmarca dentro de los “actos” de provocación que estaban siendo progresivamente “escenificados” con el fin de atraer la atención de los medios, y que no fueron más allá del uso de cierto nivel permitido de provocación para transmitir un mensaje crítico en el marco de la libertad de expresión. Finalmente, el Tribunal concluye que la pena de prisión notificada a los demandantes no es proporcionada al objetivo legítimo perseguido (proteger la reputación o los derechos de otros) ni necesaria en una sociedad democrática.

    Hechos

    Los demandantes, Enric Stern Taulats y Jaume Roura Capellera, son dos españoles nacidos en 1988 y 1977 y residentes en Girona y en Banyoles, respectivamente.

    En septiembre de 2007, durante la visita oficial del rey a Girona, tuvo lugar una manifestación en la que los demandantes prendieron fuego a una fotografía de los reyes, de amplias dimensiones, en la que estos aparecían boca abajo. Como consecuencia, fueron condenados a 15 meses de prisión por insultos a la Corona. A continuación, el juez les conmutó la pena por el abono de una multa de 2.700 euros a cada uno de ellos, pero ordenó que, en el caso de impago total o parcial de la multa, los demandantes tendrían que cumplir la condena. El 5 de diciembre de 2008 la Audiencia Nacional confirmó la sentencia. Los demandantes abonaron la multa en cuanto la sentencia adquirió firmeza. No obstante, interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que resolvió que el acto por el que habían sido condenados no podía enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión y de opinión, y consideró que los demandantes eran culpables de incitación al odio y a la violencia contra el rey y contra la monarquía.

    Demandas, procedimiento y composición del Tribunal

    En base al art. 10 (libertad de expresión), los demandantes denunciaron que la sentencia que les condenaba por injurias a la Corona suponía una injerencia injustificada en su derecho a la libertad de expresión. Por los mismos motivos, los demandantes denunciaron igualmente la vulneración del art. 9 (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) puesto en relación con el mencionado art. 10.

    El 2 de octubre de 2015 interpusieron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

    La sentencia se dictó por una Sala compuesta por los siguientes jueces: Helena Jäderblom (Suecia), Presidenta; Branko Lubarda (Serbia); Luis López Guerra (España); Helen Keller (Suiza); Pere Pastor Vilanova (Andorra); Alena Poláčková (Eslovaquia); Georgios A. Serghides (Chipre); y Fatoş Aracı, Secretario de Sección.

    Fallo del Tribunal

    Artículo 10

    El Tribunal indica que la condena de los demandantes supone una injerencia en su derecho a la libertad de expresión, que la injerencia está legalmente prevista y que persigue un objetivo legítimo, como es la protección de la reputación o los derechos de otros. En relación con su necesidad en una sociedad democrática, el Tribunal indica lo siguiente:

    En primer lugar, el acto de los demandantes forma parte de una crítica política, no personal, de la institución monárquica en general, y del Reino de España como nación en particular. El “acto escenificado” recurrido formaba parte de un debate sobre temas de interés general, como son la independencia de Cataluña, la estructura monárquica del Estado y una crítica del rey como símbolo de la nación española. No supone un ataque personal al rey de España con el fin de insultar o denigrar su persona, si no una denuncia de lo que representa el rey como Jefe y símbolo del Estado y de las fuerzas que, según los demandantes, habían ocupado Cataluña –que se enmarca en la esfera de la crítica política o de la disidencia, y se corresponde con la expresión del rechazo de la monarquía como institución.

    En segundo lugar, el Tribunal Constitucional cuestionó la forma en la que los demandantes habían expresado su crítica política (quemar y utilizar una fotografía de amplias dimensiones de los reyes colocada boca abajo), teniendo en cuenta que su forma de expresión había desbordado la libertad de expresión hasta suponer una incitación al odio y a la violencia.

    El Tribunal considera que los demandantes utilizaron símbolos clara y manifiestamente ligados a una específica crítica política del Estado español y de su monarquía: la imagen del rey de España como símbolo del rey en su calidad de Jefe del aparato estatal; prender fuego y poner la fotografía boca abajo como expresión de su rechazo u oposición radical, y la utilización de ambos elementos como expresión de una crítica de naturaleza política o de cualquier otro tipo; las dimensiones de la fotografía parecen tener la intención de asegurar la visibilidad del acto en cuestión, que tuvo lugar en una plaza pública. El acto de los demandantes podría enmarcarse, por tanto, entre los “actos” progresivamente “escenificados” con el fin de atraer la atención de los medios, y que básicamente utilizaron cierto nivel de provocación permitido para transmitir un mensaje crítico en el marco de la libertad de expresión.

    En tercer lugar, la intención de los demandantes no era incitar a nadie a cometer actos de violencia contra el rey, incluso aunque la “actuación” suponía quemar una imagen del emblema del Estado. De hecho, un acto de este tipo debería interpretarse como una expresión simbólica de desafección y protesta. Si bien el “acto escenificado” suponía quemar una imagen, ello supone un medio de expresar una opinión en un debate sobre un tema de interés público, como lo es la institución monárquica. El Tribunal reitera en este contexto que la libertad de expresión se extiende a aquella “información” e “ideas” ofensivas, impactantes o molestas: estas son demandas de pluralismo, tolerancia y amplitud de miras, sin las que no puede existir una “sociedad democrática”.

    En cuarto lugar, el Tribunal no está persuadido de que el acto recurrido pueda razonablemente interpretarse como incitación al odio o a la violencia. En este asunto, la incitación a la violencia no puede deducirse del examen conjunto de los “decorados” utilizados para escenificar el acto, o del contexto en el que se produjeron; tampoco puede establecerse sobre la base de las consecuencias del acto, que no provocó disturbios o comportamientos violentos. Además, los actos no pueden considerarse constitutivos de incitación al odio, teniendo en cuenta la falta de relevancia del artículo 17 del Convenio (prohibición del abuso de derechos) en el asunto que nos ocupa.

    En quinto lugar, la condena penal impuesta a los demandantes –una pena de prisión suspendida con una multa, que debía ser cumplida en el caso de impago - supone una injerencia en la libertad de expresión, que no es proporcionada al objetivo legítimo perseguido ni necesaria en una sociedad democrática.

    Por lo tanto, el Tribunal declara que ha habido una vulneración del artículo 10 del Convenio. Considera igualmente innecesaria cualquier consideración independiente de la demanda interpuesta con arreglo al artículo 9 respecto a los mismos hechos.

    Satisfacción equitativa (artículo 41)

    El Tribunal declara que el reconocimiento de la vulneración puede considerarse satisfacción equitativa suficiente en concepto de daños morales. Declara igualmente que España debe indemnizar con la cantidad de 2.700 euros a cada demandante en concepto de daños materiales, y con 9.000 euros a ambos demandantes en concepto de gastos y costas.

  • Asunto: Cano Moya c. España (3142/11)
  • Fecha: 11/10/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Sentencia CANO MOYA v. ESPAÑA (PDF. 318 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    El demandante, Vicente Manuel Cano Moya, de nacionalidad española, cumple actualmente condena en España. En el momento de los hechos el demandante estaba en prisión preventiva en Foncalent (Alicante). El asunto se refiere a la sanción impuesta por infracción disciplinaria mientras estaba encarcelado y, sobre todo, por el rechazo de las autoridades internas a facilitarle una copia completa de su expediente. El demandante fue declarado culpable de infracción disciplinaria por parte de la Comisión Disciplinaria de la cárcel de Alicante en octubre de 2009, por amenazar a funcionarios penitenciarios, desobedecer sus órdenes y dañar bienes del establecimiento.

    El demandante recurrió dicha sanción ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Comunidad Valenciana, quien ratificó parcialmente dicha sanción en noviembre de 2009. El demandante interpuso un recurso de reforma ante el mismo juzgado y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ambos recursos fueron desestimados en febrero y septiembre de 2010, respectivamente.

    El demandante decidió formular una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo que solicitó copia de su expediente. No obstante, las autoridades rechazaron facilitárselo nuevamente sobre la base de que el Tribunal Europeo tenía competencia para solicitarlo. Basándose en concreto en el artículo 34 (derecho a una demanda individual), el demandante reclamó que las autoridades habían vulnerado su derecho a una demanda individual por haber rechazado facilitarle una copia de su expediente con el fin de interponer una demanda ante el Tribunal Europeo.

    El Tribunal ha declarado inadmisible la demanda respecto a los artículos 6.2 y 10 del Convenio. Declara por seis votos a uno la vulneración del artículo 34 respecto a la denegación por parte de las autoridades en facilitarle una copia de su expediente para demandar ante el Tribunal Europeo. Declara igualmente por seis votos a uno que la vulneración ya supone en sí misma satisfacción equitativa suficiente en relación con los daños morales solicitados por el demandante, y declara inadmisible el resto de la demanda.

  • Artículos relacionados:
  • Asunto: Jiménez Losantos c. España (53421/10)
  • Fecha: 14/06/2016
  • Sentencia resumen: Violación del Convenio
  • Sentencia JIMENEZ LOSANTOS c Espana (PDF. 196 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    I - Antecedentes:

    La jurisdicción penal española había condenado, a raíz de una querella interpuesta el 27 de junio de 2006 por R.G. – exalcalde de Madrid-, al Sr. Jiménez Losantos por injurias graves con publicidad consumada en declaraciones efectuadas en el programa radiofónico “La Mañana” de la COPE de los días 8, 9, 10 y 12 de junio de 2006 inicialmente, reiteradas en los días 18 y 19 de septiembre, 9 de octubre y 28 y 29 de noviembre del mismo año. La condena de instancia fue confirmada por la Audiencia Provincial. El recurso de amparo fue inadmitido por el Tribunal Constitucional el 29 de marzo de 2010. El día 1 de septiembre de 2010 se interpuso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocando la infracción del art 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión.

    La sentencia recoge literalmente, para examinar la demanda, las expresiones proferidas en el programa radiofónico contra el anterior alcalde de Madrid, R.G..

    El exalcalde, en un foro organizado por el Diario ABC, en contestación a una pregunta que le fue formulada sobre los acontecimientos que siguieron a los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y su eventual impacto en las elecciones legislativas que tuvieron el 14 de marzo de 2004, respondió reflexionando sobre la necesidad de concentrarse más en la crítica a la gestión de gobierno existente entonces y en propuestas de futuro.

    Las expresiones del periodista demandante se recogen también literalmente en la sentencia como, por ejemplo, que al alcalde “le daba igual que hubiera habido 200 muertos, 1500 heridos en un atentado brutal”, con tal de triunfar en sus eventuales ambiciones políticas, alejarse de las asociaciones de víctimas del terrorismo en un comportamiento hipócrita, oponerse a la investigación de los atentados del 11-M, intentar ocultar a los verdaderos autores de la masacre y otras de semejante índole.

    Los Tribunales nacionales habían considerado probada la inveracidad de las opiniones e informaciones manifestadas por el periodista. En cuanto al fondo, los Tribunales nacionales, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, habían considerado que si bien la libertad de expresión amparaba la divulgación de opiniones que pudieran molestar, inquietar o desagradar, no podía cubrir la emisión de expresiones insultantes e inútiles, calificativos vejatorios que de manera gratuita habrían atentado contra la dignidad del perjudicado.

    II.- Evaluación por el Tribunal

    El TEDH reconoce que, en este caso, la injerencia en el derecho a la libertad de expresión está fundada en la Ley ( art 208, 209 y 211 del Código Penal) y perseguía fines legítimos (la protección de la reputación de una persona).

    A continuación, examina en qué medida la actuación del demandante se encontraba amparada dentro de los límites que a la libertad de expresión se establecen en el seno de una sociedad democrática, teniendo en cuenta la condición de periodista del demandante, la de político por parte del ofendido y el derecho de los ciudadanos a acceder a información que revista interés general. La cuestión se centraba en decidir si las autoridades nacionales habían resuelto de manera equilibrada el conflicto entre diversos derechos afectados.

    En el caso concreto, el TEDH considera que las manifestaciones del demandante constituían esencialmente una crítica política en un asunto de interés general. Si bien las manifestaciones efectuadas por el demandante podrían ser criticables desde el punto de vista de la deontología periodística no se habrían situado fuera del ámbito de la libertad de expresión, que ampara también una cierta exageración o incluso provocación. La imposición de una pena pecuniaria sólo pudiera ser compatible con el CEDH en circunstancias excepcionales, medida en que podría tener un efecto disuasorio y que incluso la persistencia de antecedentes penales podría dificultar el futuro profesional de un periodista. Pese a que las razones en las que basaron sus decisiones los tribunales nacionales pudieran ser pertinentes, la sanción impuesta sería desproporcionada al fin perseguido.

    III.- Fallo

     El Tribunal considera admisible a trámite la demanda y declara, por seis votos contra uno, que se ha producido una vulneración del art 10 del Convenio, que ampara la libertad de expresión.

    Voto particular:

    La Juez disidente (Lozano Cutanda) emite un voto particular disidente en los términos siguientes:

    - Pone de relieve la necesidad de proteger el derecho a reputación de toda persona, que integra su derecho a la vida privada, protegido por el art 8 del Convenio.

    - Considera que el demandante difundió a propósito informaciones inexactas imputando al afectado, exalcalde de Madrid, hechos de extrema gravedad (entorpecer la investigación del atentado terrorista del 11 de marzo de 2011 en Madrid) y dando a entender que deseaba la impunidad de los autores de la masacre. Estas afirmaciones carecían de toda base fáctica y no tenían ningún interés público en la medida en que las funciones de un alcalde de Madrid no tienen nada que ver con la investigación de hechos criminales.

    - Entiende que las afirmaciones hechas por el periodista eran claramente falsas , excediendo la dosis de exageración o provocación que ampara la libertad de expresión. Mentir no es “debatir”.

    - Señala que cuando se focaliza la atención periodística en una persona determinada, con especificación de su nombre y su función, existe la obligación de fundarse en una base fáctica suficiente, que aquí no habría existido.

    - El importe de la multa habría sido proporcionados, dentro del margen de apreciación permitido a las autoridades nacionales.

    - Señala que las declaraciones del alcalde constaban publicadas por escrito, por lo cual no podía ampararse su tergiversación en su mero carácter oral –como sucedió en los precedentes citados por el TEDH-, y que la difamación había sido persistente en el tiempo (7 veces).

    - En consecuencia, estima que, en su opinión, no se ha vulnerado el art 10 del Convenio (derecho a la libertad de expresión) en este caso, en la medida en que el art 8 del propio Convenio protege el derecho de una persona a su reputación.

  • Asunto: Rodríguez Ravelo c. España (48074/10)
  • Fecha: 12/01/2016
  • Sentencia resumen: Violación del Convenio
  • Sentencia RODRIGUEZ RAVELO c España (PDF. 215 KB)
  • Ver resumen de la sentencia:

    Este asunto atañía a unas expresiones vertidas por un abogado en una demanda por escrito en la que emitía unos juicios de valor respecto de una jueza y le imputaba unas conductas reprobables tales como el hecho de decidir voluntariamente el falsear la realidad y no dudar en mentir o incluso en emitir un informe falaz en el que figuraban indicaciones falsas y malintencionadas.

    El TEDH considera que, aunque graves y descorteses, las expresiones utilizadas por el letrado habían sido presentadas por escrito y sólo las conocían la Jueza y las partes. Esas observaciones se referían a la manera en la que la Jueza conducía la instancia y habían sido realizadas en un contexto de defensa de los intereses de su cliente. El TEDH estima que la condena penal del abogado podría producir un efecto disuasorio sobre los abogados encargados de defender a sus clientes. Las jurisdicciones penales españolas no han ponderado por tanto un justo equilibro entre la necesidad de garantizar la autoridad del poder judicial y la de proteger la libertad de expresión.

    La sanción que ha sido impuesta al abogado no era por tanto proporcionada al fin legítimo que se perseguía, a diferencia de la que podría haber sido una sanción administrativa disciplinaria, y por ello innecesaria en una sociedad democrática. El TEDH considera en consecuencia que ha habido violación del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio.

Buscar en esta sección
Suscríbase a las novedades de esta sección
Acceso a la página de suscripciones del Ministerio de Justicia
  • Introduzca el texto que aparece en la imagen

Información sobre Protección de datos

Esta suscripción implica la aceptación de comunicaciones electrónicas relacionadas.

Para que sea efectiva, debe seguir las instrucciones que recibirá por correo electrónico.

Acceda al Portal de Suscripciones para gestionar sus suscripciones