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Ministerio de Justicia

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¿Qué otras cosas debo saber?

¿Con qué apellidos quedaré nacionalizado?

Como ya se señala en la Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la aplicación de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, los apellidos de los españoles son los correspondientes a su filiación, (artículo 109 del Código Civil).

En cuanto a su orden, con carácter general, si dicha filiación está determinada por ambas líneas, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo apellido el primero de los personales de la madre, sin perjuicio de la opción de invertirlo del artículo 109 del Código Civil, que deberá ejercitarse con carácter previo a la inscripción, ante el Encargado del Registro Civil correspondiente al domicilio.

En caso de que la filiación no determine otros apellidos, o cuando resulte imposible acreditar la identidad de los progenitores del interesado, se mantendrán los apellidos que viniere usando. En ambos casos, si el interesado sólo ostentaba o usaba un apellido, éste se duplicará a fin de cumplir la exigencia legal de duplicidad de apellidos (artículo 55.V de la Ley del Registro Civil).

En la atribución de apellidos al extranjero que adquiere la nacionalidad, la regla general es la prevalencia de Ley española (artículo 213 del Reglamento del Registro Civil), no obstante el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil prevé la posibilidad, para el que adquiere la nacionalidad española, de conservar los apellidos que ostente en forma distinta de la legal en España, siempre que no resulten perjuicios al llamado orden público internacional español que, en esta materia, se aplica al menos en relación con dos principios jurídicos:

  1. El de la duplicidad de apellidos de los españoles, a salvo de lo que para los binacionales españoles-comunitarios resulta del Derecho comunitario a que se refiere la directriz 2ª de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007. Excepción que en todo caso debe solicitarse una vez practicada la inscripción conforme al derecho español tal y como se especifica en la Instrucción de 29 de septiembre de 2015.
  2. El principio de la infungibilidad de líneas, de manera que, en caso de determinación bilateral de la filiación por ambas líneas, resulta contraria a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de ellas, sea la paterna o la materna.

El ejercicio de esta facultad de conservación de los apellidos anteriores a la nacionalización es incompatible con el ejercicio posterior de la facultad de inversión.

En consecuencia, con los criterios expuestos y puesto que la filiación del nacionalizado español determinará sus apellidos, lógicamente, no podrá designarse como apellido el del cónyuge que la mujer adopte posteriormente con ocasión de contraer matrimonio, conforme a su anterior nacionalidad, puesto que no se cumplen los requisitos señalados anteriormente.

Todo ello sin perjuicio de que como se señala en la Instrucción de 29 de septiembre de 2015, será en el momento de la jura o promesa, cuando se ha de tener en cuenta lo previsto en los artículos 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil, siendo el Encargado del Registro Civil competente por razón de su domicilio, quien procederá al examen de la documentación aportada relativa al nombre y apellidos con los que el interesado pretende quedar inscrito en el Registro Civil español. Si bien quedando a salvo siempre la preceptiva calificación del Encargado del Registro Civil competente para efectuar la inscripción que será quien podrá requerir la documentación que estime necesaria y finalmente decidirá sobre los apellidos asignados.

En todo caso, si el interesado no queda conforme con los apellidos atribuidos, podrá solicitar la anotación prevista en el art.38-3ª de la Ley del Registro Civil o pedir el Certificado de diversidad de apellidos previsto en el Convenio nº 21 de la Comisión Internacional de Estado Civil de la Haya o bien incoar un expediente de cambio de apellidos ante el Encargado del Registro Civil de su domicilio que lo instruirá y lo remitirá a esta Dirección General para su resolución.

¿Cómo puedo saber el estado de tramitación de mi expediente?

A través de la misma plataforma electrónica utilizada para formular la solicitud inicial.

¿Cuál es el plazo de resolución de mi solicitud?

El plazo de resolución es de 12 meses, y no comienza a contarse ni desde la presentación de la solicitud ni desde la remisión a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del acta de notoriedad, sino que, una vez recibida dicha acta, la DGRN procede a continuar con la tramitación del expediente, solicitando los informes preceptivos. Es sólo a partir de la recepción de dichos informes cuando comienza a transcurrir el plazo de resolución de 12 meses, que la DGRN está cumpliendo.

¿Qué pasa si la Dirección General de los Registros y del Notariado no contesta transcurrido el plazo de resolución?

Transcurrido el plazo de resolución de 12 meses, que comienza a contarse  a partir de la recepción de los informes preceptivos solicitados en la DGRN una vez recibida el acta de notoriedad, y que  la DGRN está cumpliendo, si no recayera resolución expresa, las solicitudes habrán de entenderse desestimadas por silencio administrativo.

Si la resolución es denegatoria ¿Cabe algún tipo de recurso? ¿Dónde, cómo y cuándo puedo interponerlo?

Frente a esta resolución cabe interponer recurso de alzada, al amparo de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, siendo competente para conocer del mismo la Subsecretaría de Justicia. Contra las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada, cabe interponer recurso contencioso-administrativo (artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). La competencia para conocer de estos recursos corresponderá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (artículo 10.1.m), siendo competente el de Madrid.

¿Hay algún número de teléfono o correo electrónico al que poder dirigirse para pedir información adicional?

Sin perjuicio de los medios ordinarios de atención al ciudadano habilitados por el Ministerio de Justicia y de la información contenida en esta página web y en la que contiene el formulario de solicitud, puede acudir a los siguientes medios adicionales de información:

  • Para las dudas relacionadas con el acta de notoriedad y su tramitación, puede acudir al teléfono 912 788 621
  • Para las dudas relativas a las pruebas realizadas por el Instituto Cervantes, puede consultar las páginas sobre las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales ccse.cervantes.es y sobre los diplomas de español DELE diplomas.cervantes.es
  • Para las dudas sobre la legalización de documentos puede consultar la página correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
  • Para contactar con la Federación de Comunidades Judías de España, puede acudir a la página web de dicha Federación
¿Podrán los menores solicitar la nacionalidad española por opción debidamente asistidos o representados por sus padres ya españoles si en el momento en que cualquiera de estos adquiera la nacionalidad española acogiéndose a la ley 12/2015 siguen teniendo una edad menor a 18 años?

Sí, siempre que se pueda considerar que los hijos han estado bajo la patria potestad de un español por aplicación del artículo 20.1.a) del Código Civil, que dispone que los descendientes sujetos a patria potestad podrán optar a la nacionalidad española.

Dependerá del momento en el que los padres hayan adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza. La fecha relevante para determinar en qué momento el progenitor se ha convertido en español a todos los efectos es el de la inscripción si bien según la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado se podrá retrotraer, a estos efectos, al acto del juramento/promesa.

Cuando el hijo sea menor de 18 años (18 años – 1 día) el día de la jura de su padre/madre, tiene de plazo para ejercer la opción hasta que cumpla 20 años (o, si según su ley personal, la mayor edad es posterior a los 18 años, hasta dos años después de la mayor edad).

En cuanto los requisitos de esta solicitud serán los mismos que para la petición de la nacionalidad se examinan en la Instrucción, es decir serán de aplicación las normas generales contenidas en el artículo 21.3 del Código Civil. Deberán acompañarse además los documentos acreditativos de la filiación del menor y de la condición de español de quien ostente la patria potestad, (certificado de nacimiento del hijo, Pasaporte español o DNI del padre o certificado del registro civil donde conste la inscripción como español).

La solicitud de adquisición de la nacionalidad española corresponderá formularla: al interesado emancipado o mayor de dieciocho años, al mayor de catorce años asistido por su representante legal, al representante legal del menor de catorce años y por último al representante legal de la persona con capacidad modificada judicialmente o a esta por si sola o debidamente asistida, según resulte de la sentencia respectiva.

Hay que tener en cuenta que el artículo 9.4 del Código Civil en su párrafo segundo en su actual redacción dada por el art. 2.1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio señala que la ley aplicable al ejercicio de la responsabilidad parental se determinará con arreglo al Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, este punto es objeto de análisis en la Instrucción.

Por ultimo recordar que tanto si el solicitante es menor de 14 años como si es una persona con la capacidad modificada judicialmente, será necesaria, conforme al artículo 21 del Código Civil, la previa autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal, que la concederá en interés de los mismos. En el caso de la Ley 12/2015 no se aprecia a priori que la adquisición de la nacionalidad española pueda conllevar consecuencias contrarias a los intereses del menor. No obstante la autorización deberá obtenerse siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) cuando corresponda, conforme a la ley aplicable, el ejercicio de la responsabilidad parental a ambos progenitores y la solicitud la efectúe uno solo de ellos, b) en el caso de que la responsabilidad parental deba ejercitarse, conforme a la ley aplicable, por uno solo de los progenitores y no constare el consentimiento expreso del otro a la presentación de la solicitud, c) en los casos de guarda, tutela o acogimiento y en general, en todos los casos de representación legal distinta a la atribuida a los progenitores.

Puesto que la residencia en España no es un requisito para la obtención de la nacionalidad española al amparo de esta Ley, en el caso de no residentes la competencia para autorizar la solicitud corresponderá al Encargado del Registro consular correspondiente al domicilio del solicitante previo dictamen del Canciller del Consulado en funciones de Ministerio Fiscal y, en defecto de sustituto reglamentario, por dos españoles capaces e instruidos, nombrados por el Jefe de la Oficina Consular o de la Misión Diplomática, conforme a las reglas generales del procedimiento (artículo 54 del Reglamento del Registro Civil).

¿Debe acreditar el menor de edad su origen sefardí y su especial vinculación con España, cuando los padres o el progenitor que haya solicitado también la nacionalidad cumpla con esos dos requisitos? ¿Y si el solicitante de la nacionalidad española es solo el menor sin que lo haga ninguno de sus progenitores? ¿Qué sucede en el caso de personas con la capacidad modificada judicialmente?

En primer lugar debe destacarse que la edad fijada por la ley 18 años es independiente de la adquisición de la mayoría de edad según los países de origen, por lo que el interesado de 18 años deberá, al solicitar la nacionalidad, cumplir con todos los requisitos legales y comparecer por sí mismo en la tramitación.

En cuanto a los menores de 18 años, si bien tienen un régimen especial en diversos aspectos, (efectúan su solicitud representados o asistidos por sus padres o tutores, no precisan acreditar conocimiento de idioma español ni de la realidad jurídico-social-cultural y no aportan antecedentes penales), la ley no establece diferencias respecto a ellos en orden al cumplimiento de los dos requisitos exigidos para la obtención de la nacionalidad, acreditar la condición de sefardí originario de España y la especial vinculación con nuestro país.

Ahora bien, en cuanto a la acreditación del origen sefardí si los padres que también hayan solicitado la nacionalidad han acreditado esa condición, lógicamente se extenderá a los hijos que podrán servirse de los mismos medios probatorios que haya acreditado su progenitor.

En cuanto a la vinculación, la filiación en cierto modo implica la traslación del vínculo con España desde los progenitores o ancestros al menor, sin perjuicio de que, dependiendo de su edad, pueda acreditar también su vinculación de forma directa.

En el segundo de los casos, esto es si el menor de 18 años es el único solicitante sí debería acreditar el origen sefardí y una especial vinculación con España aun cuando podrá hacerlo a través de sus padres.

Sin embargo, en el caso de las personas con la capacidad modificada judicialmente esto no será necesariamente así, pues es posible que el tutor o persona que complete la capacidad, no tenga lazos familiares directos con el pupilo, ni que sea sefardí. En estos supuestos deberá acreditarse que los requisitos confluyen en el solicitante, aunque estos puedan también justificarse en base a la condición de sus familiares directos. (Aunque hayan fallecido o no ejerzan, como se ha dicho, la tutela o complemento de capacidad correspondiente).

En todo caso, no hay que olvidar que será el Notario, quien deba realizar una valoración conjunta de las pruebas, por lo que, teniendo en cuenta las circunstancias, podrá considerar estos hechos como manifestaciones de una "especial vinculación con España".

¿Qué ocurre con los menores sefardíes de 17 años (que en sus países adquieren la mayoría de edad a los 18 años) cuando al iniciar su solicitud de nacionalidad son menores, pero adquieren la mayoría de edad en el momento en que les toca firmar el acta de notoriedad ante Notario español?

El cambio de edad durante el procedimiento puede darse en distintos supuestos.

La edad del solicitante marcará en principio los requisitos de representación, si es menor de 14 años, o asistencia por los progenitores, si es mayor de 14 años pero menor de 18. Alcanzada esta edad será además necesario acreditar la superación de las pruebas DELE y CCSE y la obtención del certificado de penales, por lo que hay señalar cuál es el momento que marcará la exigibilidad de unos u otros.

El procedimiento propiamente dicho se inicia cuando la solicitud llega al órgano administrativo que deba resolver, esto es cuando el acta de notoriedad acreditativa de los requisitos para efectuar la solicitud de nacionalidad se recibe por la DGRN, por lo que será esta fecha la que debe tenerse en cuenta para determinar los requisitos exigibles.

En este sentido deberá preverse por el interesado la posibilidad de que, por el tiempo transcurrido entre el momento de cumplimentación de los requisitos en la aplicación electrónica y la remisión del acta de notoriedad a la DGRN, pueda alcanzar los 18 años debiendo por tanto acreditar los requisitos a que se ha hecho referencia anteriormente.

Por otro lado, cuando el solicitante cumpla 14 años con anterioridad al momento de la jura/promesa deberá realzar este trámite con independencia de la edad que tuviera al iniciar la solicitud por aplicación del artículo 23 del Código Civil.

En este orden de cosas, ¿se podría solicitar que las actas de notoriedad de los progenitores y de los hijos menores se autoricen el mismo día y ante el mismo Notario?

La ley no contempla la posibilidad de solicitudes conjuntas ni de declaraciones de notoriedad en un mismo instrumento público, ni ello es consecuente con el carácter individual de la condición de nacional.

Ahora bien, puesto que los solicitantes eligen notario y fecha, lo mejor es que contacten con el fedatario para acomodar las diferentes actas en un mismo día y actuaciones consecutivas.

En este sentido en la plataforma informática está previsto que pueda permitirse que se vinculen las solicitudes de los componentes de un núcleo familiar (cónyuge y familiares directos del solicitante) a efectos de comparecer, en la medida de lo posible, ante Notario en el mismo día.

En el apartado I.6 de la Instrucción de 29 de septiembre de 2015, se hace referencia a las traducciones locales realizadas en el país de origen o residencia del interesado, aunque para surtir efectos en España deberán estar debidamente legalizadas o apostilladas. ¿Significa esto que una traducción no jurada hecha por un traductor sería válida si la firma del traductor es autorizada por un Notario Público del lugar donde se efectúe y posteriormente apostillada por las autoridades competentes dicho lugar?

Cuando la instrucción hace referencia a las traducciones locales realizadas en el país de origen o residencia del interesado, debe tratarse de traducciones efectuadas por quien sea considerado traductor oficial o jurado reconocido por el país de origen. No sirve por tanto cualquier traducción.

En un primer paso hay que obtener un sello de la autoridad competente en dicho país que certifique que la persona que firma la traducción es un traductor oficial o jurado reconocido La firma de la autoridad referida es requisito para que se pueda solicitar una Apostilla de la Haya.

En un segundo paso, se puede solicitar la Apostilla para la firma y el sello de la autoridad competente que certificó que se trata de un traductor oficial o jurado local.

En cuanto a la intervención notarial, bastará siempre y cuando el notario, sea español o extranjero, asuma el contenido de la traducción por conocer la lengua en que este expedido el documento, respondiendo de la fidelidad de la traducción.

En el caso de que el notario sea extranjero deberá apostillarse la traducción, la apostilla en este caso se referirá a la persona y cargo del propio notario.

Lo que no procede es la simple legitimación de firma por un notario de una traducción local, si solo identifica a la persona firmante pero no su competencia como traductor ni consta el carácter oficial del mismo.

No obstante, debe advertirse que será el notario quien deba valorar la documentación por lo que en caso de duda podrá rechazar una traducción realizada por un traductor local en el extranjero, incluso aunque se encuentre correctamente legalizada, pudiendo exigir una traducción oficial en los términos reseñados en la propia instrucción, esto es las traducciones efectuadas por un Intérprete Jurado autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (están exentas de legalización por modificación del artículo 13 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de la Oficina de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores), las traducciones hechas o revisadas por la Representación diplomática o consular de España en el extranjero o las efectuadas por la Representación diplomática o consular en España del país que ha expedido el documento (estas últimas deberán ser legalizadas posteriormente por el Ministerio de Asuntos y de Cooperación para ser presentadas ante la Administración en España), por lo que se recomienda acudir a estas traducciones.

En este punto hay que destacar la Disposición adicional décimo sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, si bien, como resulta del propio texto, está pendiente de desarrollo reglamentario. Dicha norma dispone: "Traducciones e interpretaciones de carácter oficial. Reglamentariamente se determinaran los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter oficial. En todo caso, tendrán este carácter las certificadas por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como las realizadas por quien se encuentre en posesión del título de traductor-intérprete jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente. El traductor-intérprete jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación.

También tendrán carácter oficial: a) Las realizadas o asumidas como propias por una representación diplomática u oficina consular de España en el extranjero, siempre que se refieran a un documento público extranjero que se incorpora a un expediente o procedimiento iniciado o presentado ante dicha unidad administrativa y que deba resolver la Administración española. b) Las realizadas por una representación diplomática u oficina consular de carrera extranjera en España, siempre que se refieran al texto de una ley de su país o a un documento público del mismo. El carácter oficial de una traducción o interpretación implica que ésta pueda ser aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine reglamentariamente. La traducción e interpretación que realice un traductor-intérprete jurado o una representación diplomática u oficina consular, podrá ser revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente."

El apartado I.7 de la Instrucción de 29 de septiembre de 2015, relativo a la validez temporal de los certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales, establece que dichos certificados tendrán la vigencia que se determine en el propio documento. ¿Significa eso que sería válido un certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes que no tenga fecha de caducidad, aunque la apostilla de dicho documento sea de fecha muy posterior? ¿Tendrían validez los certificados de nacimiento expedidos por los Consulados de España en el año 2001, siempre que dichos certificados no tengan fecha de caducidad?

No hay una norma específica sobre la validez temporal de los certificados, la instrucción hace hincapié en los certificados de antecedentes penales, para los que mantiene la regla de antigüedad máxima de seis meses. Para los demás, si no consta caducidad en el propio documento, no hay tal y por tanto en principio no importa la fecha de expedición, si bien atendiendo a las circunstancias el Notario podría solicitar un certificado actualizado.

¿Qué sucede si los certificados de antecedentes penales caducan durante la tramitación del expediente?

Los certificados de penales deben estar vigentes en el momento en el que se complete toda la documentación y se remita electrónicamente al Consejo General del Notariado para que este designe al notario competente para valorarla siendo irrelevante que luego caduquen en el transcurso de la tramitación.

A este respecto no hay que olvidar que en el momento de la jura o promesa, el solicitante deberá aportar un nuevo certificado vigente, legalizado o apostillado y en su caso traducido (apartado 6 del artículo 2 de la Ley), con lo que queda acreditada la ausencia de antecedentes penales como requisito para la eficacia definitiva de la resolución de concesión de la nacionalidad.

Lo más prudente en todo caso, es que soliciten estos certificados una vez hayan superado las pruebas DELE y CCSE y hayan reunido la totalidad de la documentación con el fin de evitar que caduquen antes de su remisión electrónica.

Los interesados que tengan doble nacionalidad: ¿están obligados a presentar los certificados de nacimiento y antecedentes penales de sus dos países?

El solicitante podrá acreditar la nacionalidad que prefiera y en consecuencia aportar la documentación relativa a dicha nacionalidad, pero deberá mantener su opción durante todo el procedimiento.

En cuanto a los antecedentes penales deberá aportar los antecedentes o equivalente correspondientes a su nación de origen y al país o países, o estados, en su caso, en los que haya residido los últimos 5 años.

¿Requieren de autorización notarial los certificados de origen sefardí que emitan las comunidades judías españolas para garantizar la condición de autoridad del firmante?

La Ley solo exime de autorización notarial al certificado emitido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, en cuanto los certificados expedidos por los Presidentes de las comunidades del país de procedencia o residencia del interesado o por las autoridades rabínicas competentes deberán estar autorizados y, en su caso, apostillados o legalizados.

La autorización puede ser notarial pero en este caso el notario deberá hacer referencia al cargo que desempeñe el firmante afirmando su veracidad, no puede ser una mera identificación personal. En otro caso hay que obtener un sello de la autoridad competente en dicho país que certifique que la persona que firma el certificado ostenta el cargo que dice tener.La firma de la autoridad referida hace que el documento sea considerado un documento público a los efectos de que se pueda solicitar una Apostilla de la Haya. En caso de países no firmantes la firma de la autoridad deberá ser reconocida por las autoridades del Ministerio de Exteriores o equivalente del país de origen y finalmente por nuestra Embajada en el país de que se trate, que legaliza esta última firma.

En cuanto a las comunidades judías españolas, la ley solo prevé la especialidad del certificado del Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, por lo que en cuanto a estos certificados se procederá conforme a la practica notarial habitual en nuestro país para identificar a la persona firmante y su cargo, para lo que el notario requerirá la documentación que estime pertinente.

¿Requieren de autorización notarial los documentos que expidan personas o instituciones españolas para acreditar la especial vinculación de acuerdo con lo que dispone el artículo 1.3 de la Ley?

Es necesaria la perfecta identificación de los firmantes de los documentos que se aporten y la acreditación de los cargos que ostenten, única forma de aseverar la certeza del contenido de los documentos. Según el artículo 2, punto 3 todos los documentos deberán presentarse debidamente autorizados y apostillados o legalizados y por tanto también estos.

Las actividades benéficas realizadas a favor de instituciones españolas, en particular a favor de cualquier asociación declarada de interés público, fundación o entidad beneficiaria de los incentivos fiscales al mecenazgo, acreditarían la especial vinculación con España del interesado, conforme señala el artículo 1.3.e) y el apartado I.4.3.B) de la Instrucción de 29 de septiembre. ¿Cuál sería la cuantía mínima que se considera razonable a efectos de considerar la actividad benéfica como acreditativa de la vinculación?

La ley no señala una cantidad, por lo que es improcedente establecerla. Fijar cualquier cantidad con carácter general excluyente o incluyente, no aporta gran utilidad al objeto de la prueba que es acreditar la especial vinculación con España. Puede dar una sensación de falsa seguridad jurídica, que desenfoque el verdadero fin probatorio. En este sentido puede ser más importante la reiteración o periodicidad de las actividades que su cuantía, aunque como se ha dicho esto es objeto de juicio notarial.

¿Es necesario que las actividades benéficas realizadas a favor de personas o instituciones españolas no sean meramente puntuales?

Aquí vale lo dicho en la anterior respuesta, la Ley no exige la reiteración de las aportaciones por lo que desde luego una sola aportación, cualquiera que sea su cuantía, podrá hacerse valer como prueba de vinculación con España, otra cosa es el peso que tal prueba tenga para establecer tal vinculación. Como se ha señalado, esto es objeto de juicio notarial.

Por último se reitera que las entidades receptoras deberán ser españolas no extranjeras por mucho que su objeto sea divulgar la cultura sefardí, pues se trata de acreditar vinculación con España.

¿Qué debe entenderse por "entidad con competencia suficiente" en la letra f) del artículo 1.2 de la Ley?

Se considera, como consta en la Instrucción, que la facultad de emisión de dichos documentos corresponde a las entidades cuya competencia en esta materia se encuentre reconocida por las autoridades del país de origen o residencia del interesado o por las propias comunidades judías o autoridades rabínicas.

Tampoco pueden excluirse a aquellos profesionales legalmente establecidos (como sociedades de socio único por ejemplo) o que emitan informes siempre que sean respaldados por una entidad competente. Debe contemplarse que aun cuando sea una entidad la que expida el certificado lógicamente el firmante será una persona física que deberá acreditarse debidamente.Por otra parte, se ha velado por la seriedad del informe de forma que en la Instrucción se señala en cuanto a su contenido que "sólo son válidos, a efectos de la Ley, los apellidos de origen inequívocamente sefardí de origen español. Para acreditar esta circunstancia, el interesado deberá aportar un informe razonado emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la genealogía familiar o que sus apellidos proceden de los sefardíes que fueron expulsados de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra o forzados a convertirse al Cristianismo, a partir de 1492. También se deberán justificar las variaciones que hayan sufrido estos apellidos como consecuencia de la influencia de los idiomas o lenguas propios de los lugares donde se establecieron las comunidades sefarditas con posterioridad a su expulsión de España", lo que deberá tenerse en cuenta para la valoración de cada caso concreto, si bien dicha valoración corresponde al notario autorizante que podrá recabar la documentación complementaria, acreditativa de la competencia del emisor del informe o del contenido del mismo, que estime conveniente.

¿Cuáles son las circunstancias excepcionales y razones humanitarias a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley? ¿Puede considerarse que están en circunstancias excepcionales los sefardíes que residen o proceden de países en zonas de conflicto, como por ejemplo Siria? ¿Qué documentos deberían aportar los interesados para acreditar esas excepcionales circunstancias o razones humanitarias?

Deberá resolverse según los casos, evidentemente en caso de guerra estaremos ante una circunstancia excepcional. En cuanto a los documentos serán los justificativos de que se ha permanecido en el lugar con conflicto bélico o que este conflicto ha impedido completar la documentación exigida, en principio podrán admitirse todo tipo de documentos que acrediten el domicilio del solicitante en la zona de conflicto o la imposibilidad de obtención de documentación. No pueden enumerarse a priori y deberán ser objeto de examen por el notario ya que la Ley prevé que se acojan al mismo procedimiento, (vid Disposición Adicional Tercera) si bien la resolución corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia.

¿En qué momento, cómo y por quien puede pagarse la tasa devengada por la solicitud?

Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española y estará sujeto a ella quien la solicite, con independencia del resultado del procedimiento. Dado que la solicitud propiamente dicha se produce cuando el acta se remite a la DGRN, deberá acreditarse el pago con anterioridad a este momento, por lo que para levantar el acta será necesaria la acreditación de su previo pago.

La resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se dictan normas sobre la gestión y el pago de la tasa por la presentación de solicitudes en procedimientos de nacionalidad española por residencia y carta de naturaleza para sefardíes originarios de España, y por la que se aprueba el Modelo 790-Código 026 de autoliquidación de la tasa e instrucciones, ( B.O.E. de 12 de noviembre de 2015) que regula el pago en España de la tasa siendo preferente la forma telemática a través de la pasarela de pagos de la A.E.A.T. También podrá hacerse presencialmente a través de las entidades colaboradoras a través del modelo 790 El pago en España solo podrá hacerse por personas que dispongan de NIE o DNI.

Se ha previsto, para el caso de la tasa correspondiente a la solicitud de la nacionalidad para los sefardíes originarios de España, que pueda efectuarse el pago desde el extranjero. Bien a través del pago realizado en una entidad financiera española colaboradora con la Agencia Tributaria que tenga sucursal en el país desde donde se realiza el pago, que en este caso se acreditará de acuerdo con el procedimiento previsto en esta resolución para el pago presencial en España. O bien realizando el ingreso del importe de la tasa mediante transferencia bancaria, siempre que dicha transferencia provenga de cuentas abiertas en bancos situados fuera del territorio nacional. Para efectuar la transferencia se utilizará el IBAN o Código Internacional de la cuenta de ingresos restringida del Ministerio de Justicia, cuyos datos se indican a continuación:

  • Entidad: BBVA.
  • Titular de la cuenta: Ministerio de Justicia – Cuenta Restringida Recaudación Tasas Extranjero.
  • NIF del titular de la cuenta: S-2813610-I.
  • IBAN o Código Internacional de Cuenta Bancaria: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060.
  • Código de Identificación Bancario (BIC) del BBVA: BBVAESMMXXX.

En el caso de pago realizado desde el extranjero, no será necesario cumplimentar el Modelo 790-Código 026.

Asimismo, será posible realizar el pago telemáticamente desde fuera de España, de acuerdo con las reglas generales, establecidas por la Resolución de 10 de enero de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

Hay que tener en cuenta que como consta en la citada resolución, en todo caso, será posible, de acuerdo con el artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que el pago se realice por declarante distinto al sujeto pasivo, siempre que disponga de uno de estos medios de identificación. En consecuencia, el pago podrá efectuarse por el propio interesado o por otra persona en su nombre, incluido por tanto el notario que deba levantar el acta.