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Ministerio de Justicia

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Última modificación: 28/07/2017

La jurisdicción voluntaria: trámites más ágiles fuera de los juzgados

LEY 15/2015, DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: UNA NUEVA REGULACIÓN. UNA NUEVA DOGMÁTICA. UN NUEVO MODELO

La aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria el 2 de julio de 2015, impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, constituye una de las novedades más destacadas de la X legislatura, caracterizada por su impronta reformista en materia de Justicia, en la medida en la que aborda una reforma en profundidad de esta esfera del ordenamiento jurídico, garantista, escrita con buena técnica jurídica, situada en sus justos límites, que racionaliza el sistema y conecta con la realidad social.

La reforma de la jurisdicción voluntaria era una de las piezas que quedaban todavía por encajar en nuestro sistema de Justicia, dado que la Ley Procesal Civil del año 2000 optó por regular la jurisdicción voluntaria en una Ley específica, con carácter independiente de la restante legislación procesal.

La aprobación de una Ley de Jurisdicción Voluntaria fue, por otra parte, una de las materias previstas en el Pacto de Estado por la Justicia, suscrito por los partidos políticos mayoritarios, en el año 2001.

Los dos ejes centrales de la reforma propiciada por la Ley de Jurisdicción Voluntaria son:

1) La configuración de un procedimiento judicial general con una regulación muy próxima al juicio verbal, y de procedimientos específicos de jurisdicción voluntaria, con todas las garantías propias de la tutela judicial efectiva, como la audiencia a las partes interesadas y su participación activa en la tramitación del expediente, el impulso de oficio en atención a su especial carácter tuitivo y social, la admisión de todo tipo de pruebas, la formulación provisional de conclusiones, los recursos de reposición, revisión y apelación, y la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Especial consideración supone la previsión de que la oposición de los interesados a la pretensión de la parte solicitante, no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley disponga lo contrario, en la medida en que supone un cambio radical de concepción de la Jurisdicción Voluntaria.

El nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria adiciona las garantías procesales propias de cualquier procedimiento judicial a características propias de concentración, oralidad, inmediación, brevedad, simplificación en la tramitación y economía procesal.

2) La redistribución de competencias en el seno del órgano judicial, entre jueces y letrados de la Administración de Justicia, y la desjudicialización de procedimientos de naturaleza administrativa, básicamente en materia de sucesiones, societaria, de derechos reales y de obligaciones, que salen de su actual órbita judicial, para incardinarse en la competencia de notarios y registradores, en el marco de la seguridad jurídica que estos cuerpos de funcionarios han contribuido a crear y reforzar, así como a su especialización y cualificación jurídica.

Especial incidencia ha tenido la competencia notarial en materia de celebración del matrimonio, así como la separación y divorcio por mutuo acuerdo, sin hijos menores o con la capacidad judicialmente modificada, mediante la formulación de un convenio regulador en escritura pública ante notario.

Se reconoce competencia exclusiva para resolver a los letrados de Administración de Justicia, en la habilitación para comparecer en juicio, el nombramiento del defensor judicial, la declaración de ausencia y fallecimiento y el deslinde de fincas no inscritas en el Registro de la Propiedad.

Se reserva en exclusiva la competencia del juez en aquellos procedimientos que afectan a derechos fundamentales, al interés público o al estado civil de las personas, y cuando estén en juego los derechos de menores, personas con la capacidad modificada judicialmente o personas con discapacidad, en los que será preceptiva así mismo la intervención del Ministerio Fiscal, y en los que pueden deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos.

Son así mismo competentes los jueces en los procedimientos dirigidos a la solución de conflictos que se considera que no tienen entidad suficiente para ser dirimidos en un proceso contencioso, conforme al art. 1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en los que la urgencia o la conveniencia de eludir la excesiva dilación del juicio ordinario, justifica la tutela simplificada, ágil y flexible del procedimiento voluntario, que cumple, en estos casos, el papel de un juicio rápido en el ámbito civil.

Así, se prevé en la Ley de Jurisdicción Voluntaria la regulación de las discrepancias surgidas en el ejercicio de la patria potestad o referidas a la custodia de los hijos cuando los progenitores vivan separados, al régimen de visitas, o al ejercicio inadecuado de la administración de los bienes de los menores.

En el mismo ámbito del derecho de familia, se prevé la regulación de los desacuerdos conyugales. Así, en supuestos de discordancia sobre fijación de domicilio, disposición sobre la vivienda u objetos de uso ordinario, contribución de uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio o realización de actos de administración o disposición sobre bienes comunes.

En la Ley de Jurisdicción Voluntaria hay, por tanto, supuestos en los que no existe controversia, y supuestos con controversia que no requiere ser sustanciada en el marco de un proceso.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria establece respecto de las competencias que salen de la órbita de los jueces, la alternatividad, con carácter preferente, entre letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores, en atención a la idea de que las competencias compartidas entre estos operadores jurídicos supone un beneficio para el ciudadano que podrá optar por acudir, con análogo grado de seguridad jurídica, ante la Oficina Judicial presidida por el letrado de la Administración de Justicia, de forma gratuita, o hacerlo ante un notario o registrador, cuando considere que el pago del arancel se vea compensado por razones de celeridad, proximidad o especialidad.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé la reducción de aranceles y la gratuidad de publicaciones y peritos de determinados expedientes notariales y registrales, y la aplicación de la Ley de asistencia jurídica gratuita para la asistencia de letrado en separaciones y divorcios ante notarios.

Cabe iniciar, por otra parte, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal, o a solicitud de un interesado, un procedimiento de jurisdicción voluntaria no previsto en la Ley, para tutelar cualquier derecho en materia civil o mercantil, siempre que, en el caso de existir controversia previa no deba, conforme a la ley, sustanciarse en un proceso.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria establece que será preceptiva la intervención de abogado y procurador en aquellos casos en los que la Ley así lo prevea y, en todo caso, para la presentación de los recursos de revisión y apelación y a partir del momento en que se formule oposición.

Cabría subrayar, en definitiva, que la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria racionaliza el sistema, delimita las competencias atribuibles a los distintos operadores jurídicos, amplía la esfera competencial de letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores, reconoce de forma preferente la alternatividad al justiciable, reduce carga de trabajo y costes a la Administración de Justicia, configura un procedimiento judicial plenamente garantista, y da, en suma, una respuesta adecuada en esta esfera de la legislación procesal en la que están en juego relevantes derechos e intereses personales y patrimoniales de las personas, al desafío de una Justicia más moderna, rápida y eficaz.

Antonio Fernández de Buján

Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación