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Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales

Qué es

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, modificado por el Real Decreto 150/2014, de 7 marzo. Este reglamento establece cuales son los requisitos que deben reunir aquellos ciudadanos que quieran desempeñar las profesiones de abogado o procurador.

La determinación del cumplimiento de tales requisitos se realizará mediante pruebas de evaluación.

A tenor de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, el ejercicio permanente en España de las profesiones de abogado y procurador con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la UE o del EEE se regulará por su legislación específica.

Como documentos asociados al margen todos los ciudadanos interesados pueden descargar en formato pdf la Guia práctica informativa del procedo de evaluación para acceder a la profesión de abogado, para la convocatoria del 2014 y tambien las pruebas piloto de evaluación profesional para el ejercicio de la profesión de abogado en 2014, una de ellas con indicación de las respuestas que se consideran correctas.

Si dispone de D.N.I. electrónico u otro certificado electrónico reconocido, podrá cumplimentar su solicitud de participación por vía telemática a través del siguiente enlace: Evaluación de la aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado, o puede descargar la solicitud en formato pdf: Modelo de solicitud (PDF. 37 KB)Modelo de solicitud (PDF. 37 KB).

NOTA INFORMATIVA

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11.2 de la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, la calificación final resultará de la media ponderada entre la calificación de la prueba de evaluación y de la calificación obtenida en el curso de formación especializada.

Por ello, es imprescindible que todos los candidatos abonen las tasas correspondientes de inmediato en sus centros de formación, con el fin de que las diferentes universidades puedan expedir la certificación oficial de la calificación obtenida en el correspondiente curso de formación.

Sin el cumplimiento de dicho requisito resultará imposible obtener la nota final y, por tanto, no podrá expedirse ni la nota final de la evaluación, ni el título profesional de Abogado.