Ministerio de Justicia

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Traslado de personas condenadas

Procedimiento

La solicitud de traslado debe remitirse:

  • Por correo ordinario a la siguiente dirección:

    Ministerio de Justicia

    Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

    C/ La Bolsa, nº 8

    28071-MADRID
  • Por fax al número: 913904446
Traslado a España de Españoles condenados en el extranjero.

Cuando España recibe una solicitud de traslado de un ciudadano español, el Ministerio de Justicia abre el expediente de traslado y se solicita a la Autoridad Central del país de condena el envío de la documentación necesaria para autorizar el traslado. La citada documentación consiste básicamente en la sentencia o sentencias firmes que deba cumplir el solicitante en España, liquidación de condena, textos legales que establezcan el delito y pena impuesta en el país de condena y cualquier otro informe que pueda ser relevante para el traslado.

Es de reseñar que la mencionada documentación únicamente es aceptada cuando es enviada por la Autoridad Central del país de condena, en ningún caso es tenida en cuenta la citada documentación si es aportada por el solicitante, un familiar o abogado.

Para comprobar la nacionalidad española, el Ministerio de Justicia pide al registro civil correspondiente la certificación de nacimiento. No obstante, la mencionada certificación podrá ser aportada por el propio solicitante o por un familiar.

Una vez que el país de condena envía la documentación señalada más arriba, corresponde al Consejo de Ministros autorizar el traslado. Tras la autorización, este Ministerio lo pone en conocimiento de Interpol, la Audiencia Nacional, el país de condena, el solicitante e Instituciones Penitenciarias.

El traslado físico, ya no corresponde al Ministerio de Justicia sino que es competencia de Interpol España, sin que exista un plazo establecido para que éste se lleve a efecto.

Traslado a sus países de origen de extranjeros condenados en España.

Cuando España recibe una solicitud de traslado de un ciudadano extranjero que cumple condena en España, se abre el expediente de traslado y se comunica su apertura al solicitante. Se pide a Instituciones Penitenciarias que informe sobre la situación procesal-penal del penado y se empieza a recopilar la documentación necesaria para el procedimiento de traslado que consiste básicamente en la sentencia o sentencias firmes que deba cumplir el solicitante en el país al que va a ser traslado, liquidación de condena, textos legales que establezcan el delito y pena impuesta y cualquier otro informe que pueda ser relevante para el traslado.

Si el país de cumplimiento tiene un idioma distinto del español, la documentación indicada se traduce en la Unidad de traducción de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Una vez que se dispone de toda la documentación y de su traducción si fuera necesario, se remite al país de cumplimiento para su valoración.

El país de cumplimiento puede responder denegando el traslado, en cuyo caso se cierra el expediente y se comunica al solicitante. En caso de que el país de cumplimiento esté de acuerdo con el traslado y remita la documentación necesaria corresponde al Consejo de Ministros autorizar el traslado. Una vez autorizado el traslado, se pone en conocimiento de Interpol, el tribunal sentenciador, el país de condena, el solicitante e Instituciones Penitenciarias.

El traslado físico, ya no es competencia del Ministerio de Justicia sino del país de cumplimiento, sin que exista un plazo establecido para que éste se lleve a efecto.