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Medidas para el Brexit

El 29 de marzo de 2017 Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea y, tras sucesivas prórrogas, esta salida finalmente se ha producido el 31 de enero de 2020.

Actualmente, la cooperación judicial entre el Reino Unido y España se inserta dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. La UE se ha dotado de un conjunto de instrumentos de reconocimiento mutuo, que han permitido diseñar un sistema muy ágil de cooperación judicial directa basado en el principio de confianza mutua entre autoridades judiciales. Por ello, en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal, la salida de Reino Unido de la Unión Europea va a tener repercusión en la práctica jurídica, en los procedimientos judiciales transfronterizos que afectan tanto a los ciudadanos como a las empresas, así como en el reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales.

La cooperación judicial civil está "comunitarizada", de conformidad con el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sus disposiciones más importantes se rigen por los Reglamentos de la Unión Europea aprobados sobre la materia.

Igualmente, los avances han sido muy importantes en materia de cooperación judicial penal, aplicando procedimientos muy agiles de cooperación judicial directa para la entrega de personas o la obtención de pruebas, entre otros. Así, cuando las autoridades judiciales de uno de los dos Estados solicitan a las autoridades judiciales del otro Estado la entrega de una persona sospechosa o condenada, lo hacen sobre la base de la orden de detención europea. Del mismo modo, cuando las autoridades judiciales de uno de los dos Estados solicitan a las del otro Estado que lleven a cabo actos de investigación en su territorio, se basan en la orden europea de investigación. También pueden crearse equipos conjuntos de investigación sobre la base de los instrumentos de la Unión, para que investigadores españoles y británicos puedan trabajar juntos en el mismo caso. Igualmente, las autoridades judiciales de uno de los dos Estados pueden tener conocimiento de las condenas impuestas en el otro.

El 1 de febrero de 2020 empieza un periodo transitorio de 11 meses durante el cual, sin perjuicio de las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en lo que respecta a la participación de aquella en las instituciones, órganos y organismos de ésta, el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos internacionales, debe ser aplicable al y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre la relación futura.

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por su parte, incluye una serie de disposiciones que definen qué sucede con los procedimientos de cooperación judicial en curso durante el periodo transitorio y no finalizados el 31 de diciembre de 2020.

El artículo 62 se refiere a los procedimientos de cooperación judicial en curso en materia penal, el artículo 66 al derecho aplicable en materia contractual y extracontractual, el artículo 67 a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y cooperación conexa entre las autoridades centrales, el artículo 68 a los procedimientos de cooperación judicial en curso y el artículo 69 a otras disposiciones aplicables.

A partir del 1 de enero de 2021, una vez acabado el periodo transitorio, dejarán de ser de aplicación los instrumentos de la UE y, a salvo de los resultados de la negociación de la relación futura entre la Unión y el Reino Unido, la cooperación judicial se basará en los convenios multilaterales de aplicación a ambos Estados.

La cooperación judicial entre España y el Reino Unido se regirá con carácter general, en materia civil, por los Convenios internacionales adoptados en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y, en materia penal, por los Convenios internacionales adoptados en el marco del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas.

Por otro lado, el Acuerdo sobre la retirada también incluye una referencia al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, con mención específica a los abogados en su artículo 27.

 

Documentos de interés:
Presentaciones de los seminarios de preparación del grupo de trabajo del Consejo (artículo 50):
Enlaces de interés: