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Derecho de Petición

Qué es

Es el derecho que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier institución pública, administración o autoridad. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendida dentro del ámbito de competencias del destinatario. No son objeto de este derecho las peticiones para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento distinto al regulado en la Ley Orgánica 4/2001.

Quién puede solicitarlo/presentarlo

Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.

Información adicional

Normativa básica: El artículo 29 de la Constitución española, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre reguladora del derecho de petición.

Forma de inicio: Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.

En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos.

Plazo: Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.

Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente el peticionario.

Tramitación de las peticiones: La Administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma al interesado. Cuando se estime incompetente para el conocimiento de la petición remitirá las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, Administración u organismo.

Inadmisión de peticiones: No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos) instituciones u organismos a que se dirijan ni para las que exista un procedimiento distinto al establecido en la Ley Orgánica 4/2001.

Declaración de inadmisibilidad: Será siempre motivada y se notificará al peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Contestación de peticiones: La autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses. La contestación incorporará las razones o motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo.

Recursos: Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (art. 12 de la Ley 4/2001) contra las siguientes actuaciones:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001.

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