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Revisión de disposiciones y actos nulos

Que é

Es el procedimiento mediante el cual las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Los casos en que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho (Art. 47.1) son los siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015).

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47 (Ley 39/2015) o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización (art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

Quen pode solicitalo/presentaro

Los interesados, esto es, los que tengan un interés legítimo en obtener la declaración de nulidad del acto, entendiendo por interés legítimo la posibilidad de obtener un beneficio o evitar un perjuicio con la declaración de nulidad.

Cuando el recurrente actúe en nombre de una persona física o jurídica, deberá necesariamente acompañar la documentación acreditativa de la representación que pretende ostentar (Art. 5 de la Ley 39/2015)

Información adicional

Normativa básica: Artículos 106, 108 y 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 236 de 2 de octubre de 2015).

Artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236 de 2 de octubre de 2015).

Forma de inicio: Mediante una solicitud que reúna los requisitos del artículo 115 de la Ley 39/2015, estos son: datos de identificación del recurrente, el acto que se recurre y la razón de la impugnación, domicilio para su notificación, lugar, fecha y firma del recurrente, unidad administrativa al que se dirige así como demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones específicas.

Plazo: La acción de nulidad es imprescriptible, con los únicos límites del art. 110 de la Ley 39/2015, esto es, cuando por la prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otra circunstancia, la revisión de oficio fuere contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de las partes o a las leyes.

El plazo para resolver la petición y notificar la resolución es de tres meses. Transcurrido este plazo se podrá entender desestimada la petición de nulidad.

Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su argumentación.

Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo. Cabe destacar la necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, salvo que el órgano que resuelva acuerde la inadmisión a trámite.

Recursos: Contra la resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo

Órgano ante el que se interpone y dónde puede presentarse la reclamación: La petición de nulidad se dirigirá al mismo órgano que dictó el acto o al órgano competente para declararlo nulo.

Puede presentarse en cualquiera de los registros del órgano al que se dirija, incluido el registro electrónico; en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o de una entidad integrante de la Administración Local, si en este último caso, hubiere suscrito un convenio con la Administración del Estado (la mayoría de los Ayuntamientos lo han suscrito); en las Oficinas de Correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.