El ministro ha participado en la sesión de Justicia del Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior, donde también se ha debatido sobre la
propuesta de reglamento de filiación a nivel europeo.
El jueves se celebró una cena de trabajo previa con los ministros de
Justicia del MED 9 para abordar el uso de inteligencia artificial en la
Justicia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha participado hoy en la sesión de
Justicia del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), celebrada en
Luxemburgo los días 4 y 5 de junio. Se trata del último JAI organizado bajo
la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, que termina este
mes de junio.
Uno de los asuntos principales de la reunión ha sido las posibles iniciativas
de Europa en materia de derecho penal contra los delitos y el discurso de
odio. Bolaños ha recordado que España es un país especialmente
comprometido con la lucha contra el odio, que cuenta no solo con una
legislación penal avanzada, sino con fiscalías especializadas en delitos de
odio, una Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, un Plan de
acción de lucha contra estos delitos y protocolos de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En este sentido, el ministro ha defendido la necesidad de tipificar a escala
europea la incitación al odio y los delitos de odio en todas sus dimensiones.
Bolaños ha asegurado ante sus colegas europeos que esto permitiría una
acción penal más eficaz y una mejor protección de las víctimas, además de
lanzar un mensaje inequívoco sobre la voluntad de la Unión y sus Estados
miembros de luchar conjuntamente contra este fenómeno.
En 2021, España ya apoyó incluir los delitos de odio en la lista de delitos
europeos que recoge el artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, como el terrorismo, la trata de seres humanos o la
explotación sexual de mujeres y niños.
Necesidad de seguir avanzando en materia de filiación
En la misma reunión también se ha sometido a debate la propuesta de
reglamento de filiación, que incorpora como novedad la creación de un
certificado de filiación europeo. El ministro ha recordado que en España se
prohíben los vientres de alquiler y se considera como una forma de violencia
hacia las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, por lo que
es necesario seguir trabajando en una solución conjunta que respete nuestra
legislación.
Bolaños ha subrayado que lo primordial son los derechos de los menores y,
del mismo modo, ha insistido en la defensa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las familias, haciendo especial hincapié
en las de parejas homosexuales.
Durante esta sesión de trabajo, los ministros de Justicia europeos han
discutido sobre otros temas como el Programa Justicia para el periodo 2028
2034, el Reglamento sobre Fiscalía Europea (EPPO) y las iniciativas en
materia de Justicia que se han puesto en marcha desde el inicio de guerra
de Rusia contra Ucrania.
Irlanda asumirá en julio la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE
Durante el JAI, el ministro ha mantenido una reunión bilateral con su
homólogo irlandés, Jim O’Callaghan. Irlanda tomará el relevo de Chipre y
asumirá la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el próximo
1 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2026.
El uso de la IA en la Justicia
Además, el ministro participó el jueves en una cena de trabajo previa con los
ministros de Justicia del MED 9 —el Grupo de Estados miembros del Sur de
la UE —, donde hablaron sobre el uso de inteligencia artificial en la Justicia
y se pudo constatar que España es uno de los países más avanzados en
materia de digitalización y uso de la IA en el ámbito de la Justicia.
En este sentido, Bolaños señaló que la implantación de la IA en la
Administración de Justicia española ya está teniendo un impacto directo y
positivo en la transparencia y eficacia en el acceso de los ciudadanos a las
resoluciones judiciales. Sistemas como Carpeta Justicia, LexNET o SIRAJ
ya están completamente integrados en el día a día de los órganos judiciales,
la ciudadanía y los profesionales de la Justicia.
Según expuso el ministro, el enfoque español sobre este asunto parte de una
premisa clara por la que la IA asiste, pero no decide, evitando así automatismos incompatibles con la independencia judicial y respetando
todas las garantías jurídicas.