Es el
medio de impugnación, ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las
Víctimas de delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, de las resoluciones
de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Economía y Hacienda relativas a las solicitudes de las ayudas
públicas establecidas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.