- Félix Bolaños ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el apoyo continuo a personas, empresas y administraciones afectadas por esta catástrofe.
- Las ayudas beneficiarán a 78 municipios, 75 de los cuales son de Valencia, 2 de Castilla la Mancha y 1 de Andalucía.
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves por 314 votos a favor el primer Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Se trata del primer paquete de ayudas de respuesta rápida a esta emergencia que aprobó el Gobierno el pasado 5 de noviembre y que se enmarca dentro en un ambicioso Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunitat Valenciana.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha defendido la convalidación de la norma en el pleno del Congreso de los Diputados, ha resaltado que las medidas que contiene este Real Decreto-Ley, junto con otras dos normas aprobadas también en Consejo de Ministros, materializan el compromiso del Gobierno con el apoyo continuo a personas, empresas y administraciones afectadas por esta catástrofe.
Durante su intervención, Bolaños ha reafirmado que el Gobierno aprobará las medidas que sean necesarias para dar una respuesta efectiva a corto, medio y largo plazo. En este sentido, cabe recordar que en los próximos días el Congreso votará otro Real Decreto – ley con medidas adicionales
Primer paquete de medidas de respuesta rápida para 78 municipios
El Real Decreto-Ley convalidado hoy en el Congreso se aplica a 78 municipios del territorio español: 75 de Valencia, 2 de Castilla la Mancha y 1 de Andalucía.
El Gobierno cuadruplica las ayudas previstas en normativa vigente por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y en vivienda, eliminándose los umbrales de renta para poder acceder a las mismas.
Se conceden ayudas directas a PYMEs y autónomos de las zonas más gravemente afectadas por la DANA, por valor de 838 millones de euros. Para autónomos y empresas de menos de un millón de euros de facturación, se entregarán 5.000 y 10.000 euros respectivamente. En el caso de empresas con una facturación mayor a 10 millones, las ayudas podrán incrementarse hasta 150.000 euros.
Respecto a las medidas fiscales, los afectados no tendrán que pagar el IBI correspondiente al ejercicio 2024 y se aplicará una reducción en el Impuesto de Actividades Económicas. Asimismo, se flexibilizará los plazos para el pago de tributos y no se aplicarán sanciones a las administraciones locales por el incumplimiento de las reglas fiscales cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de medidas destinadas a mitigar los efectos de una catástrofe.
Entre las medidas en materia de empleo y Seguridad Social, se encuentran: el aplazamiento o moratoria en el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social a empresas y autónomos; el incremento del Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas en un 15% durante tres meses; o la solicitud, por parte de autónomos, de la prestación por cese de actividad, sin acreditar fuerza mayor ni el período mínimo de cotización.
Se establecen también ayudas en el ámbito bancario como la suspensión del pago de créditos con y sin garantía hipotecaria a los afectados por la DANA.
En el ámbito de la Administración Local, el Estado financiará el 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos (en lugar del 50% previsto en la norma) para garantizar el suministro de agua potable, evacuación, retirada de lodos, alojamiento y alimentación de afectados, limpieza de vías, incluida la retirada de enseres inservibles.
Se aprueba también una subvención de hasta el 50 % del coste para las obras que tengan que llevar a cabo los Ayuntamientos para reparar las infraestructuras, instalaciones y servicios, incluyendo carreteras, puentes, polideportivos, entre otros.
Medidas en materia judicial, notarial y registral
El Real Decreto-Ley adopta también medidas en el ámbito judicial, notarial y registral, que protegen los derechos y garantizan la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Como primera medida de urgencia, se han suspendido los plazos de procedimientos administrativos y procesales. También se han adoptado medidas de agilización notarial y registral para que los afectados puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles.
Los registradores emitirán forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario u otros bienes cuando los titulares hayan perdido su documentación. Las Oficinas de los Registros Civiles utilizarán medios telemáticos para la tramitación y comunicación con los ciudadanos mientras persistan los efectos de la DANA.