NORMATIVA AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA
Las leyes promulgadas y la normativa vigente actúan como palanca normativa que permite día a día ir alcanzando el objetivo gracias a la regularización de la obligatoriedad del uso de las nuevas tecnologías en la Justicia. El cumplimiento de las leyes que promueven y hacen realidad esta transformación ha impactado en el
Ministerio de Justicia traduciéndose en la asunción de nuevas responsabilidades y la generación de nuevos servicios.
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las TIC en la Administración de Justicia
Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y servicios de confianza. eIDAS.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
Real Decreto, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, general de protección de datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Esta transformación digital se está haciendo con una perspectiva holística, desde un punto de vista legal se está trabajando en la creación de un marco jurídico solido que regule estos servicios y garanticen su prestación de una forma eficiente con tres leyes que ya están en tramitación: Ley de eficiencia digital, Ley de eficiencia procesal y Ley de eficiencia organizativa.
LEYES PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA:
Para mejorar la
eficiencia del Servicio Público de Justicia sea eficiente se están impulsando
tres leyes: la de eficiencia organizativa, la de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.
Para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia sea eficiente se están impulsando
tres leyes: la de eficiencia organizativa, la de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.
Ley de Eficiencia Organizativa: cambio organizativo que se propone es viable gracias a la transformación digital. El nuevo sistema de tramitación procesal orientada al dato y la posibilidad del trabajo a distancia, facilitan una reorganización virtual muy eficiente, en tiempos cortos y sin grandes inversiones.
Ley de Eficiencia Digital: se pretende dotar de un marco legal a toda la transformación digital sobre la que se asientan las otras dos leyes. Uno de sus principales objetivos es situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea.
Ley de Eficiencia Procesal: introduce cambios orientados a que los procedimientos sean más cortos y que, por lo tanto, las personas obtengan una respuesta más ágil cuando acuden a la Administración de Justicia.
