El pleno del Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde a la tramitación de la reforma las Carreras Judicial y Fiscal rechazando las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox.
Se trata del Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, cuyos principales objetivos son blindar por ley las becas para acceder a la carrera, modernizar las pruebas de acceso y estabilizar a juezas y fiscales sustitutas para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea.
En su intervención, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que la reforma es necesaria e imprescindible para convertir la Justicia en un servicio público del siglo XXI y de vanguardia. A la vez, ha advertido de que “el dilema está entre reformas para mejorar la Justicia o un inmovilismo que cronifica sus problemas."
Becas para opositores blindadas por ley
El objetivo central de la reforma es garantizar la igualdad de oportunidades y atraer talento con independencia del origen económico o geográfico. Para ello, la norma blinda las becas SERÉ, destinadas a opositores a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, y las dota de una cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años.
Además, el proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial.
Mejoras en el sistema de acceso
La reforma también mejora y moderniza el sistema de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, diseñado en el siglo XIX. Para ello, introduce, además de la prueba oral y memorística, una prueba escrita que permitirá a los aspirantes demostrar sus habilidades en una materia tan importante como el razonamiento jurídico.
El ejercicio escrito será totalmente anonimizado para garantizar la objetividad en la corrección y la prueba oral será grabada para dotar de mayor transparencia todo el proceso.
Regularización de juezas y fiscales sustitutas
El proyecto de ley pone fin a la precariedad en la carrera incluyendo un proceso de regularización extraordinario de juezas y fiscales sustitutas (el 80% son mujeres), tal y como exige la Comisión Europea. Un proceso que consistirá en un concurso-oposición que se realizará con arreglo a los principios de mérito y capacidad y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Gracias a la reforma, además, el Gobierno llevará a cabo la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales de la historia: casi 1500 en tres años, cumpliendo una reivindicación histórica de la carrera. Serán 360 plazas por oposición y 120 por concurso-oposición en 2025, 2026 y 2027.
Mayor transparencia
En materia de transparencia, la reforma introduce mejoras como la prohibición de la financiación privada de asociaciones judiciales y la renovación de la composición de la Comisión de Ética Judicial, con una representación más equilibrada entre el mundo judicial y el académico.
Asimismo, el CGPJ deberá conceder la compatibilidad para que jueces y magistrados puedan preparar a opositores y gestionará un registro público de estos preparadores.
