Volver

Llop presenta en el Congreso los presupuestos de Justicia para 2022

23/11/2021
Llop presenta en el Congreso los presupuestos de Justicia para 2022

​​Presupuestos Generales del Estado

Respaldan la puesta en marcha de las tres reformas previstas –procesal, organizativa y digital- por el Ministerio para conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia que se encuentran en fase de anteproyecto.

Según Llop, estos fondos supondrán la reducción de la brecha digital, la cohesión social y territorial, así como la configuración de la Justicia como un servicio público medular en el Estado de bienestar.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha comparecido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las cifras correspondiente al Ministerio de Justicia dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

En total, los recursos presupuestarios en materia de política de Justicia ascienden a 2.284 millones de euros: 2.208 millones de euros es la participación correspondiente al Ministerio de Justicia, lo que representa un 11,8% más que en 2021; y 76 millones de euros la correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, que implica un incremento de un 4,2% en relación al año anterior.

Estos fondos respaldan la puesta en marcha de las tres reformas previstas por el Ministerio para conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia que se encuentran en fase de anteproyecto: el anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, el anteproyecto de Ley de eficiencia organizativa y el anteproyecto de Ley de eficiencia digital.

La primera de estas tres nuevas propuestas legislativas permitirá una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales y potenciará los medios de solución de controversias paralelos a la propia jurisdicción.

La Ley de eficiencia organizativa, por su parte, apuesta por la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, la evolución de los juzgados de paz hacia Oficinas de Justicia en los municipios y el desarrollo e implantación de la Oficina Judicial.

Por último, la Ley de eficiencia digital consolidará la transformación digital que ya vive la sociedad, según ha detallado la titular de Justicia.

Inversiones más relevantes

Llop ha detallado las inversiones más relevantes y novedosas, que supondrán, en última instancia, la reducción de la brecha digital, la cohesión social y territorial, la configuración de la Justicia como un servicio público medular en el Estado de bienestar y el incremento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, ha explicado Llop.

Entre las principales partidas presupuestarias destaca la de Gastos de personal que, con un incremento del 2,6% para 2022, asciende a1.646,74 millones de euros, lo que representa el 73,3% del presupuesto total del Ministerio.

La ministra de Justicia ha destacado las mejoras que se van a llevar a cabo en este sentido, con una tasa de reposición del 120% para cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios al servicio de la misma; la creación de 70 nuevos órganos judiciales, la ampliación de la plantilla fiscal en 70 plazas, así como la transformación de 210 plazas de tercera en segunda categoría de la plantilla del Ministerio, entre otras.

Llop también ha resaltado las dotaciones destinadas a la asistencia jurídica gratuita o la dotación destinada a financiar la asistencia psicológica a las víctimas.

Asimismo, la ministra ha hecho hincapié en la mejora y consolidación de los medios tecnológicos, así como las obras y equipamientos de inmuebles de edificios judiciales.

En relación con los organismos autónomos dependientes del Ministerio, la Mutualidad General Judicial incrementa su presupuesto para 2022 un 12%, hasta los 125,04 millones de euros, mientras que el presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) asciende a 16,25 millones de euros, un 27,4% más que en 2021.

Dentro de este último, Llop ha concluido destacando el crédito de 1,62 millones de euros para atender el programa de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, del cuerpo superior de letrados de la Administración de Justicia y cuerpo de abogados del Estado, “con el fin de favorecer la igual real y efectiva en el acceso mediante la eliminación de barreras de carácter socioeconómico".