Las Jornadas tienen entre sus objetivos conocer las necesidades del desempeño judicial local, las disfunciones detectadas en el día a día organizativo de la Justicia y atender reclamaciones y propuestas de mejora.
La ministra de Justicia ha señalado que la transformación del sector exige un compromiso de todos los agentes implicados, “tanto de las y los profesionales, como de quienes tenemos encomendadas las funciones de servicio público a la ciudadanía".
Llop ha explicado que, en este “profundo proceso de transformación de la Justicia “se está trabajando en cogobernanza".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha clausurado hoy, en Granada, las XX Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales de España, que tiene entre sus objetivos conocer las necesidades del desempeño judicial local, las disfunciones detectadas en el día a día organizativo de la Justicia, y atender reclamaciones y propuestas de mejora.
En la clausura, Llop se ha referido a los temas que se han abordado en las Jornadas y ha señalado que la transformación que está viviendo el sector de la Justicia exige un compromiso de todos los agentes implicados, “tanto de las y los profesionales, como de quienes tenemos encomendadas las funciones de servicio público a la ciudadanía".
La ministra de Justicia ha puesto el valor el trabajo de las Audiencias Provinciales, ya que son órganos “imprescindibles para la vertebración de nuestro territorio y también tienen una función muy importante en la elaboración de la jurisprudencia que luego aplican los Tribunales de Instancia".
La titular de Justicia ha explicado que, en este “profundo proceso" de transformación de la Justicia española que se está llevando a cabo como política de Estado, “se está trabajando en cogobernanza con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia".
Según Llop, el objetivo es “dotarnos de un servicio público de Justicia accesible, eficaz, sostenible e igualitario, que actúe como verdadero motor de cohesión social y territorial del país". Para ello, la ministra ha explicado que su gabinete trabaja en el plan Justicia 2030, un proyecto que se asienta en tres ejes fundamentales.
El primero de ellos aborda el acceso a la Justicia, y consolidación de garantías y derechos, con actuaciones encaminadas a acercar la Justicia a la ciudadanía. El segundo, busca promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia a través de la plena implantación de la oficina judicial; la creación de los Tribunales de Instancia; y la regulación de sentencias testigos o modelo en algunas jurisdicciones. Y el tercero, el de la transformación digital, tiene el objetivo de incrementar la cohesión y la coordinación territorial.
Según Llop, todo ello requiere una profunda modificación normativa que se sustenta en la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa, ambas ya aprobadas en Consejo de Ministros; y la Ley de Eficiencia Digital, que “en los próximos meses elevaremos a dictamen del Consejo de Estado".
La ministra de Justicia ha destacado que esta transformación del modelo de Justicia va a ser impulsado con los 410 millones provenientes de los Fondos europeos Next Generation, que es, “con diferencia, el proyecto tractor de transformación digital de administraciones públicas mejor dotado económicamente".
En ese sentido la titular de Justicia ha hecho mención al incremento del presupuesto del Ministerio de Justicia, en los últimos 10 años, en un 29,5%, hasta alcanzar la cifra de 2.037,74 millones de euros. Según Llop, “si consideramos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia este incremento alcanzaría el 42,8%, situándose en 2.247,51 millones de euros".
En cuanto a los gastos de personal, la ministra de Justicia ha destacado que el presupuesto ha aumentado un 28,7%, estableciéndose en 1.646,74 millones de euros. Por su parte, las inversiones han aumentado un 84,1%, pasando de una inversión de 94,62 millones de euros a 174,16 millones de euros. “Si consideramos en las inversiones asociadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el incremento ascendería al 154,9%, fijándose en 241,20 millones de euros", ha explicado.
Finalmente, Llop ha pedido el compromiso de todos los agentes implicados, ya que son “grandes acuerdos para desarrollar un proyecto de país, cohesionador, y generador de derechos para la ciudadanía y empresas. Que mejora cualitativa y cuantitativamente el servicio público de Justicia".
