El Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española han consensuado hoy una resolución por la que se adapta la prestación de los servicios esenciales en la administración de Justicia al Decreto-ley 10/2020 para reducir la movilidad de la población durante la lucha contra el Covid-19 aprobado ayer. La resolución mantiene los servicios esenciales acordados por todas esas administraciones al tiempo de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo. También mantiene las dotaciones de plantilla para cubrirlos, fijadas tanto por el ministerio como las comunidades en el ámbito de sus respectivos territorios.
