Los premios, otorgados por la revista Sociedad de Información Digital, tienen el objetivo de divulgar proyectos de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en las Administraciones Públicas.
El Ministerio de Justicia ha recibido el Premio Interoperabilidad Eficiente por la candidatura Interoperabilidad en Justicia, que otorga la revista Sociedad de la Información Digital (Socinfo). El galardón, que reconoce la labor de los profesionales en el sector, se ha entregado hoy durante el evento Prioridades TIC en la AGE ante los Fondos Next Generation, en Madrid.
El objetivo de los premios convocados por esta publicación es divulgar proyectos de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en las Administraciones Públicas aplicadas en los servicios a la ciudadanía e internamente para la mejora de la eficacia.
En la jornada ha intervenido el director general de Transformación Digital del Servicio Público de Justicia, Aitor Cubo, que ha señalado “la interoperabilidad es uno de los elementos vertebradores de la transformación digital de la Justicia".
Según Cubo, a fecha 25 de junio de 2023, se han realizado más de 500 mil intercambios de comunicaciones entre los órganos judiciales y las administraciones públicas; los órganos judiciales han realizado más de 250 mil comunicaciones a las administraciones; y las Administraciones Públicas han remitido más de 287 mil expedientes administrativos a los órganos judiciales, entre otras comunicaciones.
Esto supone un ahorro estimado de más de 58 millones de hojas de papel y más de 5 millones de euros en costes de personal (derivados de la reducción de 125 mil horas para la Administración de Justicia y 350 mil horas para las Administraciones Públicas), evitando la emisión de 872 toneladas de CO2.
El premio ha sido recogido por el subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández, que también ha sido galardonado por su trayectoria y por el apoyo a los proyectos de transformación digital en el ámbito de la Administración de Justicia, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.
