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La Administración de Justicia está inmersa en un profundo cambio para adaptarse a los avances tecnológicos y a las necesidades que demanda el desarrollo social y económico de una sociedad avanzada.
Desde el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001 y la Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia está llevando a cabo un importante esfuerzo para la progresiva modernización de la justicia, en colaboración y coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estados y las demás administraciones públicas con competencias en materia de justicia.
En el marco de este compromiso, el Ministerio de Justicia se plantea el reto de poner en práctica actuaciones transformadoras y mejoras en la gestión y racionalización de los procedimientos y del gasto, para que la Administración de Justicia se configure como un servicio eficaz, accesible y transparente, capaz de afrontar sin demoras las demandas de los ciudadanos y de los distintos órdenes sociales y económicos.
Este proceso de modernización de la Administración de Justicia es imparable y tiene un objetivo fundamental: ofrecer a la ciudadanía una justicia de calidad. Y la Oficina Judicial es uno de los motores de este cambio.
