Es el
derecho que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier
institución pública, administración o autoridad. Las peticiones podrán versar
sobre cualquier asunto o materia comprendida dentro del ámbito de competencias
del destinatario. No son objeto de este derecho las peticiones para cuya
satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento distinto al
regulado en la Ley Orgánica 4/2001
