Transcurrido un mes desde el paro convocado del 1 al 3 julio por diferentes asociaciones judiciales y fiscales, 29 personas han comunicado oficialmente su participación. Se trata de un juez, que informó directamente a las gerencias territoriales del Ministerio, y de 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado. Hubo un segundo juez que informó de que también secundaría el paro, pero se declaró en servicios mínimos.
Por lo tanto, según la información oficial obtenida por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial son: un juez de un total de 6.259 (un 0,01%); y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron 3 días, 1 lo secundó 2 días y 8 lo secundaron tan solo 1 día.
Como es sabido, el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora. Uno de ellos es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período.
Por ello, el pasado mes de junio, el Ministerio solicitó al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que se le informase de los jueces y fiscales que no acudían a su puesto de trabajo entre el 1 y el 3 de julio con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secundasen. Una comunicación imprescindible, además, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el Ministerio es el organismo pagador de sus nóminas y, consecuentemente, quien tiene que practicar la correspondiente detracción de haberes.
A 31 de julio, el CGPJ ha informado que no había recibido ninguna notificación de jueces y magistrados que hubieran realizado el paro, la FGE ha confirmado la participación de 28 personas y el Ministerio, a través de las gerencias territoriales, ha recibido la información de 2 personas.
Una reforma imprescindible
El Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que motivó la protesta, tiene como principales objetivos blindar por ley las becas para acceder a las carreras, modernizar las pruebas de acceso y estabilizar a juezas y fiscales sustitutas para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea.
Se trata de la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años, que refuerza su imagen de independencia y atiende una de sus principales reivindicaciones desde hace años, el incremento del número de jueces y fiscales con la convocatoria de casi 1500 plazas en los próximos 3 años y la regularización extraordinaria de 1004 juezas y fiscales sustitutas (de las cuales un 80% son mujeres).
Además, la norma dota a las becas SERÉ de una cuantía mínima equivalente al SMI. Y también mejora el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo una prueba escrita anónima que permitirá a los aspirantes demostrar su capacidad de razonamiento jurídico.
El pasado 12 de junio, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox, y tras la pausa estival se retomará su tramitación.
