El presupuesto ordinario del Ministerio de Justicia, sin tener en cuenta la aportación extraordinaria de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenta en 160 M€, alcanzando un total de 2.234 M€.
Tontxu Rodríguez ha señalado que estos son los presupuestos “de la justicia social y la eficiencia económica, que refuerzan el Estado del bienestar como garante de unos servicios públicos de calidad".
Por su parte, la subsecretaria de Justicia ha destacado el presupuesto destinado a la rehabilitación de sedes judiciales, con una dotación de 49,71 M€ para 2023.
El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, ha destacado hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el incremento del 7,8% del presupuesto ordinario de su departamento para 2023, que contará con 160 M€ más que el ejercicio anterior.
Rodríguez, que ha comparecido junto con la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana Sánchez, para informar de las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia contenidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, ha cifrado en 2.234 M€ los fondos incluidos en el presupuesto ordinario.
De este importe, la participación del Ministerio de Justicia, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, es de 2.155,48 M€, con un incremento de 158 M€ (un 7,9%), a lo que se suma la aportación del Consejo General del Poder Judicial, con 78,34 M€ (un 2,98% más). Rodríguez ha destacado, también, que el 77,5% del presupuesto de su Ministerio, un total de 1.785,7 millones, se destina a gastos de personal, cuya dotación se ha incrementado en un 8,4% respecto al ejercicio anterior.
El secretario de Estado ha explicado que estas cifras se basan en la asignación destinada al presupuesto ordinario, sin tener en cuenta la aportación de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya programación es independiente de dicha asignación. Así, en un contexto global, tomando los recursos del PRTR, los fondos asignados a la Política de Justicia en los PGE para el ejercicio 2023 ascienden a un total de 2.291 M€.
Transformación de la Justicia
Rodríguez ha resaltado que estos son los presupuestos “de la Justicia social y la eficiencia económica, que refuerzan el estado del bienestar como garante de unos servicios públicos de calidad". Según el secretario de Estado “la Justicia debe ser un servicio público accesible, eficiente, ágil y sostenible".
El SEJ ha explicado que los presupuestos presentados tienen el objetivo de transformar y modernizar la Administración de Justicia y acerca el servicio público al ciudadano “a través de la racionalización de la organización judicial de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento".
Para llevar a cabo esta transformación, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el plan Justicia 2030, un proyecto colectivo en el que ha buscado el consenso a través del diálogo con todos los actores implicados, trabajando en cogobernanza con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, ha señalado.
Dentro del plan, con el objetivo de conseguir una Justicia accesible, Rodriguez ha destacado proyectos como las Oficinas de Justicia en el municipio, que “acercarán la Justicia a la ciudadanía, favoreciendo la cohesión social y contando con una asistencia para neutralizar la brecha digital, que afecta particularmente a las personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables".
El secretario de Estado también se ha referido al objetivo de conseguir una mayor eficiencia, para lo que se han articulado las tres leyes de eficiencia -organizativa, digital y procesal-, que pondrán en marcha los Tribunales de Instancia, “la base jurídica para la transformación digital en la Justicia y la mejora de los procesos judiciales, introduciendo figuras como los Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC), para cuya creación los presupuestos contemplan 5,78 M€", entre otras medidas.
Comparecencia de la subsecretaria de Justicia
Tras el SEJ, ha comparecido la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez. En su intervención, Sánchez ha destacado el presupuesto destinado al Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, enmarcado dentro del PRTR, que contempla la rehabilitación de 37 sedes judiciales y tiene una dotación de casi 60 millones de euros, de los que 49,71 M€ corresponden al presupuesto de 2023.
Estas inversiones se integran dentro del proyecto de Sedes Sostenibles del plan Justicia 2030, cuyo objetivo es que, “con independencia de a qué administración le corresponda gestionar las infraestructuras, la ciudadanía acceda a sedes judiciales con características homogéneas", ha explicado la subsecretaria.
Asimismo, como novedad en materia de sostenibilidad para el ejercicio 2023 Sánchez ha señalado que se van a potenciar las actuaciones de mejora para la reducción de los consumos de energía y de agua en los edificios sede del Ministerio, en ejecución del Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022.
Por otro lado, la subsecretaria también se ha referido al Capítulo 1, relacionado con los gastos en materia de gestión de los recursos humanos de la Administración de Justicia, que en 2023 cuentan con la dotación de 107,28 M€. En concreto, se ha referido a los más de 77 M€ que irán destinados principalmente a la financiación del incremento retributivo aprobado para los empleados públicos.
Aumento del presupuesto para infraestructuras
En relación a las infraestructuras, según la subsecretaria, los PGE 2023 cuentan con 39,83 M€, lo que supone un incremento de un 50,77% respecto a 2022. De estos, 2,4 M€ corresponden a mobiliario y equipamiento; y 37,43 M€, a infraestructuras, de los que el 57% será destinado a obra nueva y el 43%, a rehabilitación de edificios.
Para 2023 se prevé la realización de los proyectos de obra de los nuevos edificios de juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), Tomelloso (Ciudad Real), Illescas (Toledo), Cartagena (Murcia), Molina de Segura (Murcia), Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Valladolid, Ibiza (2ª fase) y Ciudadela (Baleares).
Además, tendrá lugar la licitación y el inicio de las obras del Tribunal Supremo y de la biblioteca jurídica del Ministerio de Justicia; de los nuevos edificios de juzgados de Torrijos (Toledo), Lorca (Murcia) y Manacor (Baleares); de las nuevas sedes del Instituto de Medicina Legal de Toledo y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas (Sevilla); y de la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca y del edificio de juzgados de Ocaña (Toledo). Y se continuarán obras ya iniciadas como las del nuevo edificio de juzgados de Badajoz.
Por último, se prevé finalizar las obras de rehabilitación del edificio de juzgados de Manzanares y del de Puertollano, en Ciudad Real, así como rehabilitar el Palacio de Justicia de Toledo.
