Comisión de Justicia del Senado
Tontxu Rodríguez: “El ejercicio ágil y eficaz de la Justicia genera un impacto positivo en la economía española"
- El SEJ ha señalado hoy, en comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, que el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal “va a potenciar la agilización de los trámites y conseguir que los conflictos se solucionen antes".
- Rodríguez ha asegurado que “estamos comprometidos con que la Justicia dé un importante salto de modernización precisamente para ayudar a la economía del país".
En respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios, el SEJ ha puesto en valor medidas llevadas a cabo por la cartera que dirige Llop, como las leyes de eficiencia, las becas, las medidas de refuerzo para el Poder Judicial, o las inversiones realizadas en los territorios.
28 de junio de 2022.- El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, ha asegurado que “el ejercicio ágil y eficaz de la Justicia genera un impacto positivo en la economía española". De este modo, las reformas introducidas gracias al Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia “van a potenciar la agilización de los trámites y conseguir así que los conflictos se solucionen antes", ha señalado Rodríguez en su comparecencia hoy en la Comisión de Justicia del Senado para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. “Estamos comprometidos con que la Justicia dé un importante salto de modernización precisamente para ayudar a la economía del país", ha afirmado el secretario de Estado.En este sentido, Rodríguez ha puesto en valor las tres leyes de eficiencia que prepara la cartera que dirige Pilar Llop, dos de ellas –el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal y el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa- en trámite parlamentario y la tercera, el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, pendiente del informe del Consejo de Estado. Según el SEJ, estas normas “traerán la gran modernización que se pretende en la Justicia de este país". Un proyecto al que, según ha asegurado, se han sumado las comunidades autónomas.
“El Ministerio es muy consciente de la cambiante realidad de la litigiosidad", ha dicho el secretario de Estado; por ello, la Ley de Eficiencia Procesal aborda la tramitación de los litigios en masa mediante la regulación del procedimiento testigo y la extensión de efectos, “mecanismos útiles e imprescindibles para agilizar los procesos y evitar el colapso judicial", ha explicado.
Además, según Rodríguez, “un servicio público de Justicia sostenible exige el establecimiento como requisito de procedibilidad del intento previo a la vía judicial de los medios adecuados de solución de conflictos, que es lo que pretende establecer el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal".
Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital permitirá unos servicios digitales en todo el territorio del Estado, homogéneos y de calidad, como son la itineración de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales; la interoperabilidad de datos entre órganos judiciales y fiscales; el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones de la Administración de Justicia que afecten a la ciudadanía; o la identificación y firma de los intervinientes en actuaciones o servicios no presenciales, ha señalado.
Expediente Judicial Electrónico
El SEJ también se ha referido a los avances del Expediente Judicial Electrónico. El Ministerio de Justicia está trabajando en una evolución de este servicio para posibilitar el acceso completamente automatizado, tanto para profesionales como para la ciudadanía, a través del Visor de Expedientes Judiciales Electrónicos, solución que permite localizar y consultar de forma ágil la información almacenada en formato electrónico en el Sistema de Gestión Procesal.
Rodríguez también ha puesto en valor el impacto que supone este servicio: “Hasta el 14 de junio de 2022 se han realizado 119.293 solicitudes telemáticas de copia de expediente judicial electrónico por parte de profesionales. Con este servicio, un abogado/a o procurador/a tarda un tiempo estimado de 20 segundos de su tiempo en conseguir el acceso a la información que necesita, mientas que antes tenía que emplear más de 3 horas en todo ese proceso".
Por otro lado, en respuesta a la pregunta sobre el previsible colapso de los órganos de la jurisdicción mercantil, Rodríguez ha recordado que la reforma de la Ley Concursal y de los juzgados de lo mercantil se aprobará, previsiblemente, pasado mañana en el Congreso. También ha puesto en valor las medidas de refuerzo del Poder Judicial, con una inversión de 12,5M€ en lo que va de año.
Becas
El secretario de Estado ha ahondado también en el sistema de becas puesto en marcha por el Ministerio de Justicia para el acceso a la carrera judicial y fiscal, a los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado: “Es un hito: ayudas públicas en la preparación en el acceso al empleo público", ha asegurado Rodríguez. “La responsabilidad de un Gobierno progresista es abordar y ofrecer soluciones a todos los obstáculos que puedan impedir el ejercicio igualitario de los derechos de la ciudadanía", ha añadido.
Inversiones en territorios
En respuesta a preguntas sobre inversiones en distintos territorios, el SEJ ha destacado los 110 millones de euros que se van a invertir en la Región de Murcia para impulsar la Administración de Justicia, 78 millones de ellos en infraestructuras.
En Badajoz, se han invertido 21 millones de euros para el nuevo edificio de juzgados, recientemente inaugurado; 8 millones de euros en Salamanca; y, en Guadalajara, a final de año, se habrán invertido más de dos millones de euros en la rehabilitación del edificio de la Audiencia Provincial.
Por último, se ha referido al proyecto de rehabilitación sostenible de 37 sedes judiciales en el territorio del Ministerio de Justicia, al que se ha destinado 60 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Renovación del CGPJ
El SEJ también ha recordado, ante la pregunta sobre la limitación de las competencias del Consejo General del Poder Judicial por encontrarse en funciones, “lo extraordinario que resulta que por el capricho antidemocrático del Partido Popular, esté empujando a una degradación sin precedentes a la calidad democrática del país", en alusión a la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. “Perjudica al Gobierno, al poder judicial y al país", ha dicho.
En relación a una pregunta sobre los ataques sufridos por la judicatura por parte de miembros del Gobierno, Rodríguez ha expresado el respecto a la independencia del Poder Judicial y al ejercicio de la libertad de expresión, “pilares esenciales de nuestro Estado democrático y de derecho, y prioridades para este Ministerio de Justicia".
Medidas contra la violencia de género
Rodríguez también se ha referido a las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia para luchar contra la violencia de género, y ha hecho alusión al proceso de comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer que ya se ha iniciado y que continuará “en atención a las necesidades que se detecten".
Sobre la ocupación ilegal de viviendas, ha expuesto que se trata de un problema complejo que se está estudiando para dar una respuesta conjunta, tanto desde el plano social como normativo. “Buscamos soluciones con los instrumentos que nos da el Estado de derecho, haciendo que caiga todo el peso de la ley contra las mafias que ocupan ilegalmente, pero también buscando medidas de carácter social para las familias vulnerables".
El SEJ también ha hecho mención, al ser preguntado por el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores, a la ley de garantía integral de libertad sexual como “el instrumento principal para adecuar nuestro régimen penal, también en lo relativo a menores, a este nefasto panorama". En relación a las agresiones sexuales por sumisión química, además de la guía de buenas prácticas para la actuación forense ante las víctimas de este tipo de delitos publicada por el Ministerio de Justicia, se va a implementar, ha explicado, una campaña de concienciación sobre el protocolo a seguir en estos casos.
Por último, ha expuesto algunas de las características que tendrá la ley contra la trata de seres humanos encargada por la ministra Llop a la Comisión General de Codificación. “El proyecto normativo debe tener un alcance general, que permita igualmente identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata", y ha añadido: “Se abordará una regulación integral donde se incorporará una perspectiva de derechos humanos y de género que tenga en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores".