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La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sentó las bases de un nuevo modelo organizativo que trataba de dar respuesta a la necesidad de dotar a nuestro sistema de justicia de unos métodos de trabajo y de una organización ágil, transparente, responsable, plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de sus ciudadanos. Consecuencia de ello se aborda una nueva estructura organizativa con sistemas de trabajo racionales y homogéneos. Todo ello garantizando la homogeneidad de las oficinas judiciales en todo el territorio nacional, tal como proclama la LOPJ.
