En ella participaron letrados de la Administración de Justicia, fiscales, jueces y magistrados de distintos órganos de Madrid, Cáceres, Valladolid y Palma de Mallorca. La experiencia, satisfactoria para los participantes, ha dado paso a este despliegue masivo del Sistema de Dictado Jurídico por el resto del territorio Ministerio.
El Sistema de Dictado Jurídico, que utiliza el software de transcripción de voz y traducción, DigaLaw X, es una herramienta de gran utilidad para todos los profesionales de la Administración de Justicia, en especial para los magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales. Permite, también, la transcripción automática de notas de voz desde cualquier dispositivo y en diferentes aplicaciones y es posible formatear, hacer búsquedas, navegar por la web y cumplimentar formularios. Es capaz de transcribir 160 palabras por minuto, con un alto porcentaje de precisión. Además, es posible utilizar la terminología jurídica específica, lo que proporciona al usuario una mejor adaptación y precisión.
Este sistema emplea tecnologías punteras de Inteligencia Artificial y redes neuronales profundas. Gracias a estas, el sistema está siempre en desarrollo y en autoaprendizaje continuo, con lo que mejora las prestaciones de forma progresiva, sin que sea necesario algún entrenamiento o adaptación a la voz del usuario.
Para el despliegue, el Ministerio de Justicia ha adquirido 2.960 licencias para jueces, magistrados, fiscales y letrados, que se irán distribuyendo según una planificación por fases. Así, desde hoy, día 6 de junio, en la fase I, se repartirán licencias en Murcia, Ceuta, Melilla y Baleares, para 862 usuarios. En la fase 2, que se inicia el 13 de junio, serán 828 los usuarios que dispongan de licencia, en las comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha. Desde el 20 de junio, ya en la fase III, Castilla y León recibirá 791 licencias. Por último y desde el 27 de junio, en la fase IV del despliegue, serán 524 los usuarios, entre el Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, Audiencia Nacional y órganos de Gobierno.
El sistema supone una serie de ventajas, como el ahorro de tiempo y esfuerzos en el dictado, con una creación de documentos cuatro veces más rápida; un aumento de la productividad; una consistencia documental que facilita su búsqueda en bases de datos; y mayor precisión, con ausencia de errores ortográficos.