Es el instrumento por el cual las personas interesadas o, en su caso, los notarios y notarias, pueden recurrir los acuerdos de las Juntas Directivas de los Colegios Notariales que resuelven cuestiones que les afectan. Permite revisar dichos acuerdos por el superior jerárquico que es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Deben distinguirse estos recursos, del recurso de queja por actuación profesional o de impugnación de honorarios, que interponen los particulares contra la actuación notarial y que tienen una tramitación específica, interponiéndose directamente ante el Colegio Notarial correspondiente.
Se separa el ámbito disciplinario, que posee asimismo una regulación especial.
