Es el medio de impugnación, ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, de las resoluciones de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda relativas a las solicitudes de las ayudas públicas establecidas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
